Una de las peores noticias en este país es que la política lo domina todo y, a veces, a todos. Este es el caso de la contaminación del Río de Sonora por parte de la Minera Buenavista del Cobre, subsidiaria del poderoso Grupo México, que el 6 de agosto permitió que se vertieran 40 millones de litros de ácidos y metales peligrosos: el mayor caso de contaminación de la historia de Sonora y el mayor provocado por la industria minera en el país.
Desde entonces los acontecimientos políticos se han precipitado: no se dio la coordinación de esfuerzos ante este desastre entre los gobiernos estatal y federal; el gobierno estatal inicio su propio programa de apoyo; vinieron las denuncias mediáticas contra el Gobernador y el dirigente estatal del PAN; el Gobernador pidió la renuncia de los delegados federales involucrados y criticó la falta de apoyo oportuno del gobierno de la República; el Secretario de Gobernación canceló en dos ocasiones una reunión programada con el Gobernador del estado; se anunció en la Ciudad de México, por parte del gobierno federal, la constitución de un fideicomiso por $2 mil millones a cargo del Grupo México para la reparación de los daños; por instrucciones presidenciales se constituyó un grupo de trabajo con funcionarios de alto nivel presidida por el Secretario del Trabajo para atender el lamentable evento ecológico; se dio la presentación de un agresivo informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados donde solicitan la constitución adicional de un fondo adicional por el Grupo México de $5 mil millones para el desarrollo regional y el retiro de la concesión minera; el PAN anunció la terminación de la colaboración con el gobierno federal en tanto se detenga la denostación pública de sus cuadros; y finalmente ocurrió la reunión del Secretario de Gobernación con el Gobernador del estado y se esparcieron las filtraciones de la probable visita del Presidente Peña Nieto a la zona afectada.
Uff, que circo para tan pocos resultados: falta de informes y conclusiones de lo sucedido, funcionarios que dicen conocer irregularidades y que no actúan, orquestación de campañas mediáticas al más alto nivel, reacciones tardías de aliados políticos que dejan dudas, presiones al Grupo México más allá de los argumentos legales y de la entrega final del reporte de daños y costos de remediación, cambios de tono de los integrantes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados (de $800 millones de posibles daños anunciados en su visita a Sonora, ahora van en $7,000 mil millones), confrontación/colaboración entre el gobierno estatal y federal.
Y ahora dos acontecimientos recientes: la Minera sigue arrojando contaminantes al Río Bacanuchi, y la ruptura del ¨bordo¨ del represo ubicado en el rancho de la familia Padrés.
¿Y los afectados? Bien, gracias. Ellos pueden esperar mientras los políticos definen sus cálculos, la pervención hace su trabajo, en tanto se ponen de acuerdo o desacuerdo.
Los habitantes de las comunidades del Río de Sonora ya tienen 40 días sin información de lo sucedido, de sus consecuencias ni las alternativas de solución posibles, sus costos en tiempo y dinero. Nadie sabe qué consecuencias va a tener la contaminación en la salud humana y de los animales de la región, de las tierras y el agua. Tampoco se sabe cómo y cuándo se van a regularizar los servicios de suministro de agua en sus casas, negocios y tierras. Nadie imagina las consecuencias económicas y comerciales para una economía que ya presentaba signos de agotación.
Sólo ven desfilar un ejército de oportunistas que dan versiones sesgadas e interesadas, que provocan más estrés social. Nadie les informa, nadie les orienta de manera adecuada. Nadie responde. Lamentable.
Tampoco nadie nos ha dicho qué va a pasar con el agua contaminada almacenada en la presa del Molinito. Más que lamentar.
El caso de la contaminación del Río de Sonora es el caso de la desgracia del país: mucha política, mucha grilla y poca responsabilidad, menos deliberación pública para resolver nuestros problemas y encontrar soluciones adecuadas.
Pobre país, con políticos distantes, militantes sólo de sus intereses particulares, y con tantas personas necesitadas de apoyo, dirección, esperanza.
Sigo pensando que todo este proceso demuestra, necesariamente, la urgente necesidad de encontrar cauces para la participación ciudadana. La sociedad civil sonorense debe tener un asiento en las instancias encargadas de instrumentar las acciones y aplicar los recursos. Sólo así garantizaremos que haya eficacia y transparencia.
