Al momento de escribir esta columna, en la Ciudad de México hay una cadena humana que abarca varios kilómetros desde las instalaciones de Televisa hasta la residencia oficial de Los Pinos para repudiar la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones presentada por el ejecutivo federal.
Uno de sus puntos más polémicos es la pretensión del gobierno federal de vigilar, controlar e incluso censurar el uso de Internet, un espacio privilegiado de comunicación e información en el marco de una sociedad abierta y democrática.
El artículo 145, fracción III, de la propuesta de Ley de Telecomunicaciones, enviada por el presidente Peña Nieto al Senado, establece que “los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet (…) podrán bloquear el acceso a determinado contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.
En el mismo sentido, el artículo 197, fracción VII, propone “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
Se trata de un tema delicado que tiene muchas aristas, porque siendo francos no existe ningún país del mundo, ni siquiera en las democracias más avanzadas, donde no exista algún tipo de mirada gubernamental sobre las redes de Internet por razones de seguridad nacional. Una vigilancia que se ha acrecentado a raíz de los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos y el uso cada vez más frecuente de la web para cometer actos criminales (secuestro, prostitución infantil, trata de personas, ataques cibernéticos, fraudes, etc.)
Estamos ante un delicado equilibrio entre control y libertad. El Estado no puede renunciar a su mandato de ejercer la ley, pero tampoco la sociedad civil está dispuesta a perder espacios de autonomía y privacidad en la red de redes.
Es casi un hecho que la iniciativa de Peña Nieto se modificará para eliminar algunos de los aspectos que generan mayor irritación social, pero veo muy poco probable que el gobierno federal desista finalmente de algunas de las funciones de gestión y supervisión de Internet.
El conflicto que hoy estamos viviendo tiene muchos de sus orígenes en que la discusión de la reforma de telecomunicaciones no tomó en cuenta, suficientemente, la opinión de los ciudadanos y sus organizaciones representativas.
Pero hay de iniciativas a iniciativas. El proyecto de ley marco de Internet, que acaba de aprobar el Senado de Brasil, y que ya fue promulgado por la presidenta Rousseff, establece la neutralidad en la red de forma que las empresas que ofrecen el servicio de Internet no puedan limitar a los clientes el acceso a contenidos determinados ni establecer ningún tipo de censura; garantiza la libertad de expresión y protege los datos personales; prohíbe el acceso a terceros a los datos de comunicación de la red. Señala que para eliminar algún contenido en la red se deberá obtener primero una orden judicial expedida por la corte pero, ojo, con excepciones en casos específicos como racismo, violencia y pedofilia.
En el intenso debate que hoy se libra en México, es un hecho que no podremos obviar ciertos controles, pero todos queremos un Internet abierto, plural y libre sustentado en una gobernanza democrática y transparente a favor de los derechos irrenunciables de la sociedad civil.
