México tiene una débil densidad organizativa también en materia de promoción y defensa de los intereses de los consumidores. Existen notables huecos legales que impiden regular los mercados y evitar prácticas monopólicas que lesionan la economía y los derechos de los ciudadanos, y lo que nos coloca en una situación de indefensión ante las grandes corporaciones.
Un ejemplo: el sector de las telecomunicaciones. La posición predominante de Telmex-Telcel, que detenta el 80% del mercado de la telefonía fija, el 70% de la móvil y el 61% de las conexiones de banda ancha fija en el país, ha derivado, como señala la OCDE, en una pérdida de beneficios para la economía por casi 130 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, la mayor parte de esos recursos fueron sustraídos del bolsillo de los consumidores con base en precios de monopolio.
La deficiente competencia ha dado por resultado una escasa penetración en los mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha, lo que coloca a México en los lugares 34, 33 y 32, respectivamente, de los 34 países que conforman la OCDE. Estamos en la cola.
Por fortuna, viene ganando terreno en México una práctica muy común en los países desarrollados, me refiero a las “acciones colectivas”, una herramienta jurídica utilizada por grupos de consumidores contra proveedores que vulneren sus derechos.
Una acción colectiva es aquella que permite presentar una demanda en representación de un grupo determinado de individuos (unidos por una causa común), con el fin de defender sus intereses colectivos mediante un solo proceso legal, cuya resolución tendrá efectos sobre todo el grupo o colectividad.
Profeco, por ejemplo, tuvo éxito con una acción colectiva para exigir la reparación del daño que sufrieron los usuarios de Telcel por fallas de servicio el pasado 26 de enero que afectaron a cientos de miles de usuarios en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; el número de demandantes fue de ¡sólo 18!, una cantidad francamente irrelevante que habla de la endeble cultura de la defensa que existe entre los consumidores de servicios en el país.
Recientemente, en el Senado se presentó una iniciativa para terminar con un condicionamiento abusivos de parte de las empresas de telefonía celular, que es la imposición de plazos forzosos en la contratación de planes tarifarios.
Según datos de Profeco, los usuarios de cuatro de las empresas de telefonía móvil (Telcel, Iusacel, Telefónica y Nextel) padecieron en 2010 aproximadamente 3,500 millones de llamadas caídas o no completadas, que se tradujeron en 7,790 quejas.
La iniciativa propone que el usuario tenga el derecho de dar por terminados los contratos de prestación de servicio cuando considere que no está satisfecho con el mismo o simplemente ya no desee continuar recibiéndolo. Hablamos de algo que es un acto cotidiano en los países más avanzados, ¿por qué en México no? Hay que incluir estos temas en la reforma del sector de las telecomunicaciones.
El derecho a un consumo de calidad, pertinente para el bienestar humano, para las oportunidades de desarrollo personal y colectivo, equitativo, sustentable, es un derecho social de tercera generación. Sólo lo podremos hacer realidad si los consumidores nos ponemos de acuerdo para que nuestras decisiones de compra sean determinantes para la fortaleza de la economía y la prosperidad de las empresas. Insisto, ahora es la hora de los consumidores.
