Los consumidores son el alma del mercado. Sus decisiones de gasto definen el rumbo de la economía -en México representan 63% del PIB- y el destino de las empresas, de ahí la importancia de establecer con claridad cuáles son sus derechos y, sobre todo, de generar un entorno institucional y social capaz de promoverlos y defenderlos.
No fue sino hasta mediados del siglo pasado que se hizo referencia a los derechos de los consumidores. El 15 de marzo de 1962, el presidente John F. Kennedy se dirigió al congreso de su país para señalar que “los consumidores son el grupo económico más amplio que afecta y es afectado por casi cada decisión pública o privada. No obstante, sus opiniones no son escuchadas”.
Esto marcó el inicio de un largo camino que derivó en 1985 con la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, que promueven el establecimiento de legislaciones nacionales enfocadas a este propósito, pero también en un amplio movimiento de carácter global a partir de la sociedad civil que abrió paso al surgimiento de Consumers International (CI), que agrupa a 240 organizaciones de 120 países.
CI y sus organizaciones miembros han definido ocho derechos básicos de los consumidores de muy amplio rango, que van más allá del ámbito de la relación con las empresas privadas para involucrar, también, bienes y servicios esenciales que los gobiernos están obligados a brindar a la población.
Entre estos se encuentra el derecho a la satisfacción de necesidades básicas como alimentos, ropa, vivienda, atención a la salud, educación, servicios públicos, agua y saneamiento; a ser protegidos contra productos, procesos de producción y servicios peligrosos para la salud o la vida; a contar con datos suficientes para poder hacer elecciones informadas y protegerse contra publicidad engañosa; a elegir entre un rango de productos y servicios, ofrecidos a precios competitivos y con buena calidad.
En México tenemos enormes déficits en materia de cultura y organización para la defensa de los consumidores. A 39 años de la creación de la primera asociación de consumidores en México, la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, existen solo 19 asociaciones formales de consumidores. Aquí sobresale el trabajo y prestigio de la ya añeja Unión de Usuarios de Hermosillo con la defensa ante cobros indebidos de los servicios del agua, luz y transporte público.
En España hay más de 300 asociaciones de este tipo; en Estados Unidos, tan solo la Consumer Federation of America cuenta con más de 250 organizaciones afiliadas, mientras que la Consumers Union, quizás la más importante de ese país, cuenta con un millón de activistas y una poderosa influencia en el Congreso.
Para un país como México esta debilidad en materia de asociaciones de consumidores no ayuda a establecer relaciones de equidad en el mercado, ni a combatir monopolios y abusos de las empresas y de los gobiernos.
Ello obedece a un conjunto muy complejo de factores: un bajo capital social (60% de los mexicanos “desconfía de los otros” lo que reduce la capacidad asociativa), a lo que se suma la falta de apoyo gubernamental.
Si no queremos seguir teniendo tarifas abusivas y servicios deficientes, entonces es la hora de actuar desde el ámbito ciudadano, de sensibilizar al mayor número de mexicanos para que se vinculen y apoyen con tiempo, talento y dinero a las asociaciones de consumidores. Es la hora de construir una visión de derechos frente a los proveedores de servicios públicos y privados.
“México necesita consumidores que asuman su papel, que actúen como agentes de cambio y promuevan acciones colectivas”.
