Los pactos son complejas construcciones políticas y sociales. Implican habilidad para construir consensos a través del diálogo eficaz, visión estratégica de la democracia, liderazgo para alinear voluntades, expectativas e intereses de los distintos actores de la pluralidad y para conducirlos, ordenada e institucionalmente, hacia la consecución de objetivos relevantes de política pública.
El Pacto por México de Peña Nieto arrancó en medio de una gran euforia nacional, por la aparente capacidad del nuevo Presidente y su equipo de lograr acuerdos con la oposición para impulsar una serie de importantes transformaciones, entre ellas un ambicioso programa de reformas estructurales.
El actual presidente Enrique Peña Nieto no traía consigo un “bono democrático” proveniente de un proceso electoral transparente y legítimo y de un alto nivel de votación.
Basta recordar las persistentes críticas al monto de sus gastos de campaña y a la opacidad del financiamiento de la misma, y el hecho de que 60% de los electores no sufragaron a favor de la Coalición “Compromiso por México” que él encabezó el pasado julio de 2012. 6 de cada 10 ciudadanos no votaron por Peña Nieto configurando un escenario de “democracia dividida”.
En este contexto, el Pacto por México constituyó una hábil operación política de la nueva administración para cerrar esas brechas de legitimidad, ganar capacidad directiva y asumir la conducción de una serie de cambios que resultaban urgentes como la profundización de la lucha contra la pobreza, la reforma energética y la hacendaria-fiscal.
Sin embargo, el escenario político parece contaminarse, hoy, de signos que ponen en duda la posibilidad de alcanzar los propósitos sustantivos del Pacto de acuerdo a los tiempos y profundidad contemplados por el nuevo grupo gobernante.
Por un lado los grupos más radicales y populistas al interior del PRD, la segunda fuerza en el Congreso, cercanos a las posiciones de López Obrador, han expresado su abierto desacuerdo hacia la decisión de su dirigencia nacional de sumarse al Pacto por México; por otra parte, este partido ha condicionado su permanencia en el Pacto a que el IFE desista de aplicarle una multa de 129 millones de pesos por el rebase del tope de gastos de campaña en los comicios de año pasado.
Si el IFE admite el chantaje y actúa con criterios políticos y no jurídicos, y da marcha atrás en su decisión de sancionar a aquellas fuerzas partidistas o coaliciones que hayan ido más allá de los gastos autorizados, aún y cuando así lo hayan determinado los dictámenes de los órganos competentes del Instituto, estaría enviando una señal ominosa que lastimaría aún más su ya cuestionada credibilidad, autonomía y autoridad moral.
El IFE debe mostrar que es capaz de actuar con firmeza, más allá de la compleja red de intereses de la partidocracia y de rechazar las presiones de la cúpula gubernamental ansiosa de amarrar adhesiones al Pacto, actuando con decisión, con la ley en la mano.
El Pacto debe construirse sobre bases de legalidad, transparencia, y respeto irrestricto a las instituciones; si se escoge la ruta de la impunidad y del cálculo político, lo que surgirá será todo, menos un espacio de acuerdos democráticos y plurales para que México avance. No se puede avanzar retrocediendo.
Se requiere dar pasos firmes hacia una nueva cultura política, basada en la legalidad, el respeto y la responsablididad, y con un enfoque orientado a darle resultados tangibles a los ciudadanos.
