México ha registrado avances importantes en la reducción de la pobreza, aunque la desigualdad continúa siendo un obstáculo estructural. Dos informes recientes basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 —la Medición de la Pobreza Multidimensional del INEGI y el análisis de Oxfam México junto al Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (INDESIG)— ofrecen un panorama con luces y sombras: se reconocen logros concretos, pero también persisten desafíos que limitan el acceso equitativo a derechos básicos.
Los datos del INEGI reflejan una mejoría palpable. La pobreza multidimensional se redujo del 41.9 % en 2018 al 29.6 % en 2024, lo que representa 12.3 millones de personas menos en esta condición. La pobreza extrema también descendió, de 8.7 a 7 millones, mientras que los ingresos promedio por persona crecieron un 22.2 %, de 6,113 a 7,468 pesos mensuales.
Un hecho especialmente relevante es que los hogares más pobres aumentaron sus ingresos en 41 %, impulsados por el alza del salario mínimo y los programas sociales de transferencias directas. Estos factores han sido clave para mejorar el acceso a necesidades básicas como la alimentación y la seguridad social.
No obstante, el panorama no es homogéneo. El acceso a la salud se deterioró de manera preocupante, con un incremento de 18 puntos porcentuales en esta carencia. Muchas familias se ven obligadas a cubrir de su bolsillo consultas y medicamentos, lo que agrava su situación económica.
Por su parte, Oxfam e INDESIG destacan que, pese al incremento de los ingresos, la desigualdad persiste en niveles alarmantes. El 1 % más rico concentra el 35 % del ingreso total, percibiendo 442 veces más que el 10 % más pobre, que sobrevive con apenas 70 pesos diarios. La desigualdad general disminuyó ligeramente, pero México sigue figurando entre los países más desiguales del mundo, comparable con Colombia o Sudáfrica.
Frente a estos resultados, la interpretación cobra un papel clave. El exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social, José Antonio Meade (@JoseAMeadeK), ha puntualizado que “la mayor caída en el porcentaje de la población en pobreza extrema, con la metodología actual, fue entre el 14 y el 16, no entre el 22 y el 24”. Además, subrayó que la Ley General de Desarrollo Social obligaba antes al CONEVAL a medir pobreza con la ENIGH, mientras que este año el INEGI tuvo mayor libertad metodológica. Estos cambios hacen más difícil la comparabilidad entre períodos y obligan a analizar con cautela las tendencias, sin perder de vista el peso de los contextos históricos.
El debate no se limita al diagnóstico. Oxfam propone una reforma fiscal progresiva que redistribuya la riqueza, fortalecer los servicios públicos en salud, educación y cuidados, y políticas específicas para reducir la desigualdad de género. El INEGI, por su parte, llama a enfocar los esfuerzos en las poblaciones más vulnerables, aunque sin especificar mecanismos claros.
En conclusión, México ha logrado avances reales en la reducción de la pobreza, pero la desigualdad extrema sigue siendo un freno para garantizar derechos fundamentales. Los comentarios de Meade y la crítica de organizaciones como Oxfam e INDESIG invitan a situar los datos en su justa dimensión, reconociendo logros pero también la necesidad de cambios estructurales.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿queremos un México donde la salud, la educación y una vida digna sean derechos universales, o seguiremos permitiendo que sean privilegios de unos pocos?
