El combate a la corrupción ha sido la columna vertebral del discurso político de AMLO. Este fenómeno, en su narrativa, explica todo: el bajo crecimiento del país, la descomposición institucional, la violencia y la inseguridad, la pobreza y la desigualdad.
Con su enorme olfato político, López Obrador supo leer muy bien las coordenadas del ánimo público e identificar que uno de los temas que más indignaba a los ciudadanos, era el desvío de recursos gubernamentales, la construcción de fortunas privadas a costillas del erario público. 
Su bandera de la “honestidad valiente”, su compromiso de “barrer la corrupción como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo”, le permitieron capitalizar el “mal humor social”, la indignación popular contra la opacidad del gobierno de Peña Nieto y obtener una cómoda victoria en los comicios presidenciales de julio del año pasado.
Sin embargo, la realidad es dura y ha demostrado que la corrupción no se erradica con el ejemplo virtuoso del Presidente, con discursos contra el neoliberalismo o con la distribución de la Cartilla Moral. Es un fenómeno estructural que requiere soluciones políticas e institucionales de gran calado.
Los datos que arroja el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, elaborado por Transparencia Internacional (TI), dan cuenta del tamaño del reto que tendrá que enfrentar López Obrador: México cayó en la clasificación que elabora este organismo, al pasar del lugar 135 al 138 de 180 países evaluados en 2018.
México se ubica en un pésimo lugar en América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina y Colombia. Entre los países de la región, está solo delante de Venezuela, Haití, Nicaragua y Guatemala, naciones caracterizadas por altos niveles de pobreza y déficits de gobernabilidad democrática. Chile, el país latinoamericano mejor clasificado, aventaja a México por 111 lugares.
Nuestro país es, junto a Rusia, el peor evaluado del G20, el club de las economías más importantes del mundo. México, además, es el peor posicionado entre los 36 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el llamado “club de los ricos”.
En julio del año pasado, ante empresarios, AMLO dijo que llevaría a México al puesto número 8 del Índice que elabora Transparencia Internacional. ¿Podrá cumplir este compromiso? Por la ruta que lleva actualmente su gobierno, mi respuesta es no, y las razones son varias.
AMLO impuso, aprovechando la aplanadora legislativa de Morena, a un cercano suyo, Alejandro Gertz Manero, como Fiscal General de la Nación lo cual no garantiza que las acciones de su gobierno estén sometidas a una investigación y procuración de justicia independientes.
El Sistema Nacional Anticorrupción no goza de las simpatías de AMLO, quien tiene una profunda desconfianza por la sociedad civil, como él mismo lo ha manifestado, por lo que es altamente probable que este organismo de vital importancia, siga sin consolidarse durante este gobierno.
Frente a la guerra contra el robo de combustible, parte central de su cruzada contra la corrupción, AMLO ha optado por medidas espectaculares como el cierre de los ductos de Pemex, con altos costos económicos y sociales, y la compra sin licitación alguna de por medio de 672 pipas para el transporte de gasolinas con un costo de 92 millones de dólares. Con ello se incentivan las zonas de opacidad.
Su decisión de perdonar a los corruptos del pasado para no generar conflicto ni entorpecer la instrumentación de su proyecto de gobierno, es sencillamente inaceptable. AMLO sustituye con ello a las autoridades judiciales quienes son las únicas autorizadas para exonerar a los inculpados, previo juicio. Con ello, el Presidente no avanza contra la impunidad, como la que ha existido en el caso del bloqueo de la CNTE a las vías del ferrocarril en Michoacán, que generó pérdidas millonarias al sector productivo del país.
La corrupción no cederá por la buena voluntad del Presidente. Para combatirla y erradicarla se requiere de algo que parece que no vamos a tener este sexenio: un Poder Legislativo independiemnte del Ejecutivo, instituciones de procuración de justicia sólidas; órganos autónomos, jueces y fiscales independientes; una sociedad civil fuerte y articulada con capacidad para vigilar y criticar el ejercicio del poder; medios de información capaces de ejercer su derecho a la información sin cortapisas y denunciar a los que actúan fuera de la legalidad.
Por la ruta que vamos, lo más seguro es que México continúa su caída libre en el ranking del Índice de Percepción de Corrupción. Ya veremos.
