La decisión del presidente electo de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, tiene profundas implicaciones económicas y políticas.
Según Federico Patiño, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la cancelación tendría un costo de 120 mil millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), realmente podría llegar a 269 mil millones de dólares si se toma en cuenta la cancelación de bonos de deuda por 149 mil millones de pesos emitidos para financiar el proyecto. 
No es todo: se tiene calculado que el proyecto en Santa Lucía tendrá un costo de 70 mil 342 millones, que sumados a lo anterior hacen un total de 339 mil millones de pesos, una cantidad mayor que lo proyectado en Texcoco.
Falta más: aerolíneas como Aeroméxico y Volaris, y tres grupos aeroportuarios, perdieron 22 mil millones de dólares por la depreciación de sus acciones en la BMV. El número de empleos que se vería afectado es de 46 mil, entre los que se suprimirán y los que se dejarán de generar, y las Afores que tienen invertido dinero de los trabajadores perderán unos 29 mil 700 millones de pesos.
Por su parte, el costo en materia de confianza es incalculable. Los mercados han reaccionado negativamente: el peso ha perdido terreno frente al dólar y la BMV ha tenido un importante retroceso. Ello obligará al Banco de México, tarde o temprano, a incrementar las tasas de interés encareciendo con ello el crédito.
Los empresarios nacionales están irritados con AMLO. La tensión es tal, que éste nombró una comisión para tender lazos de reconciliación, integrada por Alfonso Romo, Jefe de; Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones; y Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda.
López Obrador ha ofrecido trasladar los contratos que existían en Texcoco al aeropuerto de Santa Lucía, lo que indica un enorme desconocimiento sobre cómo funciona el marco jurídico. No es canjeable una obra por otra. Una obra nueva demanda una licitación nueva, ¿quién asesora al presidente electo?
El FMI podría cancelar una línea contingente de crédito a México por 78 mil millones de dólares; los inversionistas extranjeros están cancelando operaciones; las calificadoras están rebajando el pronóstico de crecimiento del país para 2019. Se intensifica la percepción en los mercados de que la administración de AMLO tomará decisiones públicas de forma discrecional y que la inversión privada enfrentará un ambiente incierto hacia el futuro. Sin embargo, López Obrador se muestra seguro de que los mercados entenderán las ventajas de su cruzada anticorrupción, “serénense”.
La consulta con la que se decidió la cancelación de Texcoco no admite defensa alguna. Estuvo plagada de irregularidades y fue violatoria del artículo 35 de la Constitución que norma este tipo de ejercicios, fue financiada y organizada por Morena; no contó con listas de electores ni funcionarios de casilla sorteados y capacitados, ni con vigilancia de observadores independientes; la pregunta estaba sesgada; la tinta no era indeleble; la falta de control permitió que una persona votara varias veces en distintas casillas; el conteo corrió a cargo de la Fundación Rosenblueth; votó sólo el 1% de los ciudadanos. ¿Cómo puede ser creíble un ejercicio tan poco representativo, con tantas irregularidades y tan lejano a la normatividad?
La consulta estaba diseñada para que él dialogo con sus electores duros y pudiera justificar una decisión que ya había tomado de antemano: cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Al anunciar el lunes pasado el resultado de la consulta, habló de la definitiva separación del poder económico del poder político, y de la existencia de un nuevo mando en el país: su presidencia.
AMLO se aleja del tono moderado que asumió en los días posteriores al primero de julio, para asumir un discurso más polarizante. Cancelando Texcoco, AMLO mandó un mensaje: se acabó el régimen de Peña Nieto y del PRIAN, ahora yo tengo el mando.
Por lo pronto, el país pagará esta decisión.
