La irrupción en México de una caravana de miles de migrantes centroamericanos a través de la frontera sur con el propósito de atravesar territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, ha estado en el centro de la reflexión pública en la última semana. Si bien todo el tiempo hay migrantes de esa región atravesando México, nunca habíamos visto una oleada de carácter masivo: se calculan más de siete mil personas provenientes principalmente de Honduras.
Las imágenes conmueven y preocupan por la vulnerabilidad de algunas de las personas que integran el contingente de migrantes: mujeres embarazadas o con niños de brazos, pequeños que viajan solos en busca de sus padres, ancianos, todos, expuestos a difíciles condiciones por las temperaturas extremas que se han registrado en Chiapas.
Las razones para el éxodo de sus países de origen (hablo en plural porque a los hondureños se han sumado guatemaltecos y salvadoreños) obedecen a los altos niveles de pobreza y desempleo, así como a la violencia y la inseguridad. Como ejemplo, San Pedro Sula, la segunda ciudad más poblada de Honduras, está considerada como “la capital mundial del crimen”; por cuarto año consecutivo registró la mayor tasa de homicidios fuera de una zona de guerra; el narcotráfico y el terror impuesto por las maras explican este trágico récord.
Razones para huir de esos países sobran, sin embargo, se han venido añadiendo nuevos elementos que apuntan a intereses político-electorales de Donald Trump. Parece sospechoso que, a tan sólo dos semanas de las elecciones en los Estados Unidos, aparezca un movimiento que le da al presidente norteamericano todo el pretexto para desplegar su retórica antiinmigrante y amarrar con ello la lealtad de los votantes republicanos (para quienes el ingreso ilegal de personas a su país es el tema central) con objeto de mantener la mayoría legislativa.
Algunos medios han captado a personas entregando dinero a integrantes de la caravana migrante, lo cual lleva a sospechar acerca de la existencia de una posible mano negra que patrocina el éxodo desde Centroamérica. Así lo han sugerido, también, los presidentes de Honduras y Guatemala.
El gobierno de México se encuentra en medio de fuego cruzado: si tolera el paso de los migrantes por su territorio, sin aplicar la ley, estará exponiéndose a los virulentos ataques de Trump; por el contrario, si utiliza la fuerza, perderá toda autoridad moral para exigir un mejor trato a los migrantes indocumentados mexicanos que ingresan a los Estados Unidos a buscar empleo y mejores oportunidades de vida.
No tenemos duda que Trump hará todo lo posible por presionar a México para que se convierta en garante de la seguridad de su frontera sur al asumir una actitud de mayor dureza hacia los migrantes ilegales que provienen de América Central. Un ensayo de esto ya lo vimos hace unos días, cuando las fuerzas policíacas mexicanas intentaron contener a los migrantes que buscaban ingresar a territorio nacional empleando gases lacrimógenos y escudos antimotines.
Preocupa, por otro lado, el tono xenofóbico que ha imperado en las redes sociales y que se refleja también en una reciente encuesta de El Universal, donde 38% de los mexicanos, un alto porcentaje, está en desacuerdo en que se dé refugio a los migrantes; casi la tercera parte opina que deben ser expulsados de inmediato; 4 de cada 10 considera que aumentará la delincuencia y la cuarta parte que le quitarán el trabajo a los mexicanos. Hay un resorte de intolerancia oculto en el imaginario de nuestra sociedad.
Por fortuna, las expresiones de solidaridad de los mexicanos al paso de la caravana han sido numerosas, y las autoridades mexicanas han asumido una actitud más sensible ofreciendo alimentos, atención médica, alojamiento y opciones de legalización o retorno a sus países de origen a los migrantes.
AMLO, por su parte, se ha comprometido a darles visas de trabajo a quienes deseen permanecer en México, así como opciones de empleo en la construcción del Tren Maya y en la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables, dos de sus proyectos emblemáticos para detonar el progreso del sureste del país.
A ello se suma la intención del futuro gobierno mexicano de crear un fondo común con EU para invertir 20 mil millones de dólares con objeto de generar opciones de desarrollo en Centroamérica y desalentar la migración forzada.
Estamos ante hermanos que merecen un trato digno y el respeto a sus derechos. No son piezas de un ajedrez político, son seres humanos.