Existe una creciente insatisfacción a nivel mundial con los gobiernos por sus escasos resultados y sus altos costos. Los gobiernos, cada vez menos, nos ofrecen buenos resultados, más seguridad, servicios públicos eficientes, y sí en cambio, nos dan más regulación, y para arruinarla, a menudo nos enteramos de actos de corrupción, donde se desvía el dinero público para fines privados.
En contraste, los impuestos y cobros de los servicios públicos van en crecimiento, pues ante tanta ineficiencia y corruptelas, los dineros públicos no alcanzan. De ahí la respuesta fácil de los administradores públicos: cobrar más impuestos o incrementar las tarifas públicas, o endeudarse más para cubrir las diferencias entre los gastos y los ingresos. Esta fórmula suma a la insatisfacción.
La organización pública es refractaria a los cambios, a la creatividad, a la innovación, que está cambiando el perfil de las actividades humanas. Y se entiende, pues pocos incentivos hay para ello. Es más fácil subir impuestos que diseñar y ejecutar cambios que enfrentan las resistencias de los intereses de las burocracias y los grupos de interés públicos. Los gobiernos cada vez ocupan más espacios en la sociedad y nos obligan a interactuar con ellos.
Casi para todo estamos obligados a realizar trámites con la burocracia pública: para abrir o cerrar un negocio, para solicitar o pagar un servicio público, para denunciar un delito. Bueno, hasta para nacer o morir. Las diferentes transacciones que realizamos con el gobierno son muchas, variadas, engorrosas y costosas. 
Un estudio realizado en la Unión Europea en 2016 concluyó que el costo de las transacciones con el gobierno por parte de las empresas, organizaciones y ciudadanos tenían un costo cercano a 6.8% del PIB. Aplicando la misma metodología, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que dicho costo para América Latina y el Caribe llega a 10% del PIB. Cantidades inexplicables e insostenibles en un mundo competitivo donde la innovación y la tecnología están abatiendo los costos de producción.
Por ello, algunos países han decidido entrarle de frente a este costo transaccional, a través de ambiciosos programas de simplificación administrativa o de innovación gubernamental. En México hemos intentado varios esfuerzos, pero estos no han sido parte importante de la agenda pública y han carecido del liderazgo o de la constancia necesaria para ofrecer resultados. A diferencia, otros países, incluso de niveles de menor desarrollo que nuestro país, han tenido resultados importantes.
El BID ha difundido algunos casos de éxito de mejora transaccional de gobierno, que alientan una esperanza de que las autoridades pueden mejorar su desempeño y bajar sus costos. Uno de ellos es el Certificado Nacido Vivo Electrónico de Uruguay. La idea es tan sencilla como útil: organizar a las dependencias y trámites internos de gobierno a través de la tecnología para darle un número de cédula de identidad único a los niños recién nacidos. El cambio en esta trámite parte del reconocimiento de que los trámites del registro de recién nacidos eran muy complicados y trasferían gran parte de sus costos de transacción a los ciudadanos, además de que limitaban el registro e intercambio de datos entre las diferentes áreas y bases de datos del propio gobierno.
El Certificado Nacido Vivo le da certidumbre al recién llegado y le garantiza el pleno goce de sus derechos fundamentales que la ley le otorga. Lo identifica, le otorga derechos, le permite aprovechar los programas públicos y le ofrece la oportunidad de darle seguimiento para su apoyo.
Otro caso es el el programa Ttconnect Express de Trinidad y Tobago, que es un servicio de acercamiento del gobierno a los ciudadanos de comunidades marginadas, a personas con alguna discapacidad o limitación o a lugares más lejanos a través autobuses equipados con equipos de cómputo conectados a Internet para que puedan hacer trámites públicos. Llevan el gobierno a los ciudadanos con la tecnología y personal capacitado para resolver trámites pendientes e incorporar a los beneficios públicos a personas marginadas.
Los ejemplos mencionados dejan en claro que cambiar y mejorar al gobierno no necesariamente es un proceso complejo y caro, menos imposible. Solamente se necesita voluntad y determinación para darle respuesta al ciudadano de manera más fácil y a bajo costo.
La innovación y la tecnología son grandes habilitadores para bajar los costos de transacción públicos y mejorar la experiencia del contacto con el gobierno. Todos ganamos con ello. Ojalá que en el caso de nuestro país, un programa importante de la próxima administración federal sea cambiar al gobierno para hacerlo más fácil, inteligente, barato y sensible. Los mexicanos lo estamos esperando con ansias.
