La periodista Miroslava Breach fue asesinada a balazos a las 7:06 horas del jueves 23 de marzo de 2017 en la Ciudad de Chihuahua cuando esperaba, a bordo de su camioneta, a su hijo Carlos para llevarlo a la escuela. Ella se había dedicado a investigar y denunciar casos de despojo a comunidades indígenas, violación a derechos humanos y la narcoguerra que tiene lugar en la Sierra Tarahumara.
Al crimen de Miroslava se suma el de los periodistas Javier Valdez, en Sinaloa; Cecilio Pineda, en Guerrero; Ricardo Monlui y Cándido Ríos, en Veracruz; Maximino Rodríguez, en Baja California Sur; Filiberto Álvarez, en Morelos; Jonathan Rodríguez, en Jalisco, y así una larga lista. “La impunidad es la libertad de expresión de los asesinos” ha dicho el escritor Francisco Goldman, porque ninguno de los casos mencionados ha sido resuelto.
En 2017 se documentaron 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos. A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 1,986 agresiones.
De acuerdo con la organización independiente Artículo 19, fundada en Londres, Reino Unido, en 1987 quien toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala a la letra que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras”, México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina.
Los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar en el México de hoy –señala la organización- son solo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada, como Siria.
La prensa independiente en México ha librado históricamente una denodada lucha a favor de la libertad de expresión. En los años del autoritarismo priísta más duro, el gobierno sometía a los medios adversos al régimen negándoles el papel periódico (que controlaba monopólicamente el Estado), suprimiéndoles la publicidad gubernamental que constituía, y todavía constituye, una proporción importante de los ingresos de los medios electrónicos y escritos, y cuando ya no se podía más, el gobierno promovía el asalto de las rotativas para acallar a periódicos como Excélsior de Julio Scherer García, quien también sería víctima de censura como director de Proceso al denunciar las corruptelas del gobierno del presidente José López Portillo.
En los últimos 20 años, nuestro país ha sido testigo del surgimiento de un periodismo de investigación inteligente y vibrante, profundamente crítico, dotado de una gran autonomía con respecto a los poderes fácticos. Su consolidación ha ido de la mano con el sistema democrático, la pluralidad y la alternancia, la apertura social, cultural y económica del país al mundo global, y el uso intensivo de las nuevas tecnologías.
Ese periodismo enfrenta, hoy, uno de sus momentos más complicados, porque tiene enfrente a un enemigo que ya no suprime el papel periódico, quita publicidad para ahorcar financieramente a los medios, o amenaza con una demanda por daño moral. Ese enemigo, el crimen organizado, mata, suprime brutalmente la palabra, todo ello en medio de un Estado fallido, incapaz de garantizar, ya no la vida y la seguridad de los periodistas, sino de cualquier ciudadano de a pie.
Todo ello viene a colación por la reciente publicación del reporte de Artículo 19, denominado “Democracia simulada, nada que aplaudir” el cual contiene una agenda mínima para preservar la libertad de expresión en México como componente vital de una sociedad democrática. Entre las propuestas están: desarrollar una política integral de prevención de la violencia contra la libertad de expresión; fortalecer los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad.
En el marco de una visión integral, la organización apuesta también por eliminar el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial como medio de control indirecto de las líneas informativas de los medios de comunicación, y suprimir el uso de herramienta de vigilancia, como el espionaje, el cual se ha ejercido contra periodistas, líderes de la sociedad civil y activistas anticorrupción.
Una prensa silenciada por el poder, una prensa corrompida por el poder, es algo que empobrece a la sociedad, nos impide mirar lo público en toda su complejidad, construir visiones y respuestas a los grandes temas que nos preocupan a los ciudadanos.
Por eso, precisamente, necesitamos un periodismo fuerte e independiente.
