Ingreso básico universal: Entremos al debate
En las décadas recientes ha tenido lugar una importante polémica a nivel internacional, sobre cuáles son las fórmulas más efectivas para superar la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad.
Las soluciones han transitado desde la implementación de programas sociales de cobertura universal hasta los llamados programas de transferencias monetarias condicionadas, que se han vuelto muy populares, ya que se aplican en más de 50 países, los cuales enfocan sus apoyos en las familias más vulnerables para que puedan acumular capacidades y capital humano con objeto de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Otros han apostado por la masificación del microcrédito hacia las personas ubicadas en la base de la pirámide social. Una alternativa que ha despertado creciente interés entre analistas y hacedores de política pública en los últimos años, es el llamado Ingreso Básico Universal (IBU), que no es otra cosa que un ingreso pagado y garantizado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, para asegurar un mínimo de condiciones de vida con dignidad.
En México la idea cuenta con promotores y detractores. Sin embargo, el intento más audaz por poner este tema en la mesa de discusión ha sido, sin duda, el del Frente Ciudadano por México (FCxM), la coalición opositora conformada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que lo ha incorporado a su plataforma política.
Los argumentos que plantea el Frente para avanzar hacia el IBU, parecen irrebatibles: a pesar de la enorme cantidad de recursos invertidos en programas sociales, los niveles de pobreza siguen estancados; las transferencias monetarias condicionadas han actuado como una red de protección social, pero no cuentan con mecanismos de graduación que les permitan a las familias beneficiarias lograr autonomía con respecto a las ayudas públicas; Prospera, el programa social más importante del Gobierno Federal, ha ayudado a los jóvenes de las familias más humildes a adquirir más educación, pero los mecanismos de movilidad social para ellos están rotos, “origen sigue siendo destino”.
A lo anterior se suma la creciente informalidad del trabajo, que condena a una enorme masa de mexicanos a llegar a la edad de retiro sin el goce de una pensión decente, así como la caída de poder adquisitivo del ingreso laboral. Por otra parte, el poder de compra del salario mínimo es, hoy, una cuarta parte de lo que era en la década de los 70´s.
El IBU, de acuerdo a varias organismos y especialistas, traería los siguientes impactos positivos: disminuiría la pobreza en 11 puntos porcentuales; representaría una reforma altamente progresiva; ahorraría costos de la focalización; eliminaría programas duplicados o que no han mostrado impacto, generando así importantes ahorros presupuestales; se terminaría con el uso clientelar de los programas; generaría cohesión social al borrar diferencias; suprimiría el incentivo perverso inherente a los programas de transferencias condicionadas de no salir de la pobreza para no perder los apoyos económicos que da el gobierno; reconocería el trabajo no remunerado de las mujeres y voluntarios y ampliaría la libertad de las personas para decidir hacia dónde quieren canalizar sus energías.
Obviamente, el punto más crítico de la discusión es el costo y las fuentes de financiamiento del IBU. Se ha señalado que sí es posible conseguir los recursos necesarios para el IBU si se eliminan programas federales con duplicidades; se abate la corrupción; se utilizan recursos de los excedentes petroleros y, por supuesto, si se implementa una reforma fiscal progresiva que cobre más impuestos a los grandes capitales y trasladar esos recursos a las capas más desfavorecidas de la población.
El IBU ya es realidad en algunos países europeos y se está piloteando en otros países más. Se reconoce su potencial para borrar brechas sociales, aumentar la libertad y la creatividad de las personas y mata el clientelismo político.
Estamos ante un tema que va más allá de una cuestión estrictamente presupuestal o de ingresos económicos. Detrás, hay una visión del papel del Estado en la construcción de la equidad social; un debate sobre la voluntad efectiva para erradicar la pobreza; el compromiso con una democracia más eficaz.
El Frente Ciudadano por México ha tomado la iniciativa y eso no sólo es plausible, sino que habla de su capacidad para refrescar las agendas e imaginar nuevos escenarios de política pública. Bienvenido el debate.
