El presidente Donald Trump ha declarado este fin de semana que considera insuficientes los esfuerzos de México para frenar el tráfico ilegan de migrantes y de fentanilo a EE.UU. Aunque la amenaza de un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas se ha pospuesto hasta el 4 de marzo, el riesgo persiste.
La evaluación del progreso se basa en en evidencias. En migración, se desplegaron 10,000 guardias nacionales en la frontera norte. En materia del contrabando de fentanilo, tres D son los indicadores principales para evaluar avances: detenciones, decomisos y destrucción de laboratorios. Aquí en problema es que los resultados son ambiguos.
Entre 2019 y 2023, los decomisos de fentanilo aumentaron de 136.1 a 1,848 kilogramos, pero en 2024 cayeron a cerca de una tonelada y seis millones de tabletas. Las detenciones incluyen al Mayo Zambada y a colaboradores de los cárteles de los Mayitos y los Chapitos. Sin embargo, la destrucción de laboratorios disminuyó drásticamente de 1,740 en 2023 a solo 139 en 2024.
A cinco días del inicio de la Operación Frontera, se reportaron 139 detenidos, 82 armas aseguradas—28 provenientes de EE.UU.—, 90,775 pesos, 109 vehículos, 16 inmuebles y más de 12,500 cartuchos. También se decomisaron 26 kilos de marihuana, 440 de cocaína, 538 de metanfetamina, 0.0125 de heroína y 9 de fentanilo. Aunque meritorios, estos resultados no parecen suficientes.
La crisis del fentanilo es un problema de salud pública que afecta a miles de familias en EE.UU. Su alta toxicidad y el fácil acceso han incrementado las muertes por sobredosis en los últimos años. México, como país clave en la cadena de producción y distribución, enfrenta una presión creciente para intensificar sus esfuerzos de contención. No solo se trata de evitar sanciones económicas, sino de demostrar un compromiso real con la lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias sociales.
En el ámbito internacional, la relación entre México y EE.UU. es crucial para definir estrategias conjuntas. La cooperación entre agencias de seguridad y la inteligencia compartida pueden jugar un papel determinante. Sin embargo, las tensiones políticas y las acusaciones sobre posibles vínculos entre el gobierno mexicano y el crimen organizado complican la situación. Estas acusaciones requieren no solo respuestas claras, sino evidencia tangible de que el combate al narcotráfico es una prioridad.
Con solo 21 días antes del vencimiento del plazo arancelario, México debe mostrar avances concretos. A pesar de logros en detenciones y decomisos, la reducción en cifras clave genera dudas. La presión aumenta por acusaciones de vínculos entre el gobierno y los cárteles, lo que exige acciones contundentes para demostrar que el combate al narcotráfico es una prioridad real.
Si México quiere evitar sanciones económicas, necesita actuar con decisión y transparencia. En las próximas semanas, los resultados definirán su credibilidad en la lucha contra las drogas y su relación comercial con EE.UU. La respuesta del gobierno no solo determinará su estabilidad económica, sino también su imagen a nivel internacional como un socio confiable en la lucha contra el crimen organizado.
