La crisis de seguridad en el noroeste de México se agrava por la fragmentación del crimen organizado. Sinaloa, Baja California y Sonora son hoy territorios de guerra entre facciones que antes operaban unidas, pero ahora disputan cada plaza. En una región históricamente dominada por el narcotráfico, la violencia ha alcanzado niveles críticos.
En Sinaloa, cuna del narcotráfico en México, la división entre los Chapitos y los Mayos —dos facciones del antiguo Cártel de Sinaloa— ha generado una oleada de violencia. La disputa por el control de rutas hacia Estados Unidos y la producción de drogas sintéticas ha disparado los homicidios en el estado, que superan por mucho el promedio nacional. Este conflicto interno refleja el caos de un liderazgo fragmentado y un territorio en constante confrontación.
Baja California, por su conexión directa al mercado estadounidense, es un objetivo clave para los cárteles. Tijuana se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa de homicidios cercana a los 100 por cada 100 mil habitantes. La ciudad es campo de batalla entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células locales vinculadas al Cártel de Sinaloa. Este enfrentamiento no solo abarca el tráfico de drogas, sino también el control total del territorio, afectando a ciudadanos mediante extorsiones y desplazamientos.
Sonora ha emergido como un punto estratégico para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La violencia en Nogales y en la sierra ha aumentado, impulsada por las disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa y grupos emergentes que buscan el control. La región rural y urbana de Sonora vive bajo el asedio de grupos que han intensificado la violencia para dominar el paso de esta droga sintética, cuyo mercado es cada vez más lucrativo al norte de la frontera.
La situación en el noroeste revela no solo la descomposición del crimen organizado, sino también el desafío urgente de una estrategia de seguridad eficaz. Las políticas de inteligencia y coordinación, aunque necesarias, no han sido suficientes para reducir la violencia. México ha implementado estos recursos antes, pero la crisis persiste y, en algunos casos, empeora.
La nueva administración federal enfrenta un reto monumental: se necesita una estrategia integral que no solo contenga la violencia, sino que también aborde las raíces de la economía criminal en estas zonas. Desactivar los factores que alimentan esta guerra exige intervenciones profundas, desde opciones económicas hasta programas sociales que reduzcan el poder de los cárteles y recuperen el territorio.
