En las últimas semanas, hemos observado con preocupación la instalación de falsos retenes en diversas carreteras del estado de Sonora. Estos retenes, que no cuentan con una justificación clara ni con el respaldo de la ley, representan una amenaza para el libre tránsito de ciudadanos y mercancías, además de generar un impacto negativo en la percepción de seguridad en nuestro estado, entre la población y quienes nos visitan.
Más allá de los retenes oficiales y permanentes, como los ubicados en Benjamín Hill y la Aduana San Emeterio, que son de conocimiento público y tienen un propósito establecido, hemos detectado la aparición de varios retenes adicionales en lugares como Pesqueira, Estación Llano, carretra a Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado y Sonoyta. Estos retenes adicionales no solo carecen de una justificación adecuada y están fuera de la ley, también dificultan el tránsito y crean un ambiente de desconfianza entre los viajeros.
Según estimaciones, hasta un 15% de los conductores que transitan por las carreteras del estado reportan haber sido detenidos en un retén que no parecía estar debidamente autorizado. Este número, que podría ser incluso mayor debido a la falta de denuncias formales, refleja la magnitud del problema.
El costo de estos retenes es alto. Se calcula que, en promedio, un conductor puede perder al menos hasta 30 minutos en promedio en cada retén no oficial, lo que se traduce en pérdidas económicas tanto para las empresas como para los particulares.
En términos económicos, los retrasos que generan afectan a las empresas que dependen de rutas seguras y rápidas para el transporte de sus productos. Esto, a su vez, encarece los costos de operación y afecta negativamente a la economía local. Se estima que estos retrasos podrían estar costando a las empresas hasta $5 millones diarios en términos de tiempo y recursos perdidos.
En términos sociales, la imagen de Sonora como un estado seguro y acogedor se ve empañada. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), el turismo ha visto una caída del 8% en ciertas regiones afectadas por estos retenes, lo que podría tener consecuencias graves para la economía local.
Las autoridades federales y estatales deben de evitar la operación de cualquier puesto de control en las carreteras del estado, a menos que exista un objetivo plenamente justificado. Es crucial que los retenes oficiales y permanentes, y o que cualquier nuevo control se realice bajo estrictas medidas de transparencia y legalidad.
Además, es imperativo que los elementos que operan en los retenes presenten siempre sus identificaciones oficiales de la institución a la que pertenecen y que respeten los derechos de los ciudadanos. La autoridad no puede, bajo ninguna circunstancia, detener a una persona sin una causa justificada.
La seguridad en nuestras carreteras es un tema de suma importancia que debe abordarse con seriedad y responsabilidad. No podemos permitir que la presencia de falsos retenes siga afectando la tranquilidad y el bienestar de quienes transitan por nuestras vías. Es momento de actuar con firmeza para garantizar que Sonora sea un estado donde se respete el libre tránsito y la ley.
