Los problemas de violencia y criminalidad han crecido de manera relevante en los últimos años en nuestro país. Los diferentes estudios de opinión pública han dejado evidencia de que la inseguridad es el problema de mayor preocupación de los mexicanos. Aunada a la inseguridad, la escasa sanción de los delitos cometidos hace crecer la percepción de que existe una mayor impunidad. 
En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), elaborada por el INEGI, por cada 100 delitos que se cometen, solamente se denuncian siete y se sancionan 1.3.
Y el problema no es menor. Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019 del INEGI, durante 2018 en todo el país, se iniciaron 1´853,427 averiguaciones previas y carpetas de investigación, relacionadas con 1´874,930 delitos consumados y 2´032,028 víctimas.
Por otra parte, siguiendo con los datos del mismo Censo, 1´839,501 personas fueron registradas como inculpadas o imputadas en las averiguaciones previas y carpetas de investigación. De las órdenes judiciales derivadas de las averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas se lograron 76,841 medidas cautelares.
Hay que agregar que se recibieron 296,079 solicitudes y expedientes en materia penal registrados en los órganos o unidades encargados de los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC).
Así, de los 1,874,930 delitos cometidos en el país en 2018, derivado del trabajo de investigación del Ministerio Público, podemos inferir que 76,841 personas recibieron alguna medida cautelar (medida de castigo preventivo) y 296,079 asuntos fueron solucionados a través de un MASC. Sumando las medidas cautelares y los MASC, tenemos que 372,920 asuntos fueron sancionados, que representa 20.24% de los delitos consumados y denunciados.
Frente a estas cifras, está claro que el modelo tradicional de procuración de justicia está rebasado, por lo que se han empezado a experimentar nuevos métodos basados en la tecnlogía, particularmente con el uso de la Inteligencia Artificial (IA).
Es el caso del proyecto Prisma, de la Fiscalía General de Justicia de Colombia. Este proyecto es una herramienta de predicción del riesgo de reincidencia criminal que busca apoyar a los fiscales al momento de solicitar prisión preventiva en cárcel contra algún investigado por las autoridades colombianas. Se busca que los fiscales cuenten con más información al momento de sustentar la solicitud de detención. Prisma utiliza todos los datos disponibles a nivel de Policía, Fiscalía e Inspección General, como también herramientas de aprendizaje automático para predecir el riesgo de reincidencia en cualquier delito.
Entre los principales resultados obtenidos por el proyecto Prisma, destaca una reducción del número de delitos cometidos por reincidentes en 25% y una disminución de las medidas cautelares en un 36%.
Otro caso que llama la atención en materia de uso de la IA en procuración y administración de justicia es el caso del proyecto Juez Robot de Estonia. Esta iniciativa busca eliminar los retrasos en la administración de justicia a través del desarrollo de un algoritmo para tomar decisiones de los casos sencillos, lo que permitiría descongestionar el trabajo de los jueces para que se dediquen a los casos complejos.
Frente a los problemas causados por modelos tradicionales basados en más recursos escasos, como es el caso de la procuración y administración de la justicia, la tecnología puede aportar soluciones más efectivas. De ahí que debe abrirse un espacio para debatir los cambios urgentes en estos ámbitos.
