La polarización que vive el país ha permeado también al sector empresarial.
Vemos, por un lado, a los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios, Carlos Salazar y Antonio del Valle, respectivamente, negociando y acordando de manera directa con el presidente López Obrador una importante cartera de inversiones.
Cerca del presidente se ha visto también, en repetidas ocasiones, a Carlos Slim quien ha llegado a afirmar que es “intrascendente” si se registra o no crecimiento económico. El dueño de Grupo Carso ha dado su aval a los grandes proyectos de infraestructura petrolera y de comunicaciones de este gobierno, algunos de ellos cuestionados por su viabilidad y rentabilidad por expertos y analistas. En contraposición, la Coparmex ha encabezado posturas más críticas hacia el gobierno y sus políticas públicas.
¿Cuál postura es la correcta para este gremio y para el país? Ni la una ni la otra. Ni la docilidad total ni la crítica a rajatabla de las iniciativas de la 4T.
No estamos diciendo que los hombres del dinero se constituyan en un partido de oposición, no, no es su papel. En México, los empresarios nunca han tenido un partido político propio, aunque han mantenido vasos comunicantes con el Partido Acción Nacional (PAN) y con diferentes candidatos y presidentes del país.
Sin embargo, no se puede olvidar el histórico papel que la IP ha desempeñado como un relevante actor cívico. Cuando los partidos de oposición tenían todavía un papel meramente testimonial, los empresarios encabezaron la crítica a los excesos cometidos por los gobiernos populistas de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982).
Los empresarios fueron clave, también, en el desmantelamiento del sistema de partido único y la alternancia democrática en los años ochenta. Manuel Clouthier, “El Maquío”, fue un caso ejemplar de esta lucha y este papel.
En el actual contexto, la IP no puede desentenderse de su responsabilidad de criticar aquellas decisiones que minan la confianza y, por lo tanto, frenan la inversión y el crecimiento, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la CDMX, la intención de equiparar la evasión fiscal con la delincuencia organizada que suprime la presunción de inocencia y las garantías individuales.
Tampoco debe dejar de presionar para que en la elección del próximo ministro de la Suprema Corte que sustituya a Eduardo Medina Mora, prevalezca la imparcialidad a fin de garantizar certidumbre en el sistema de justicia.
Los empresarios deben criticar activamente los recortes presupuestales que han significado un debilitamiento crónico de las capacidades institucionales para brindar servicios de salud a la población, y otras funciones estratégicas. Hacen falta sus voces en el rechazo a una reforma educativa que pone la instrucción de los niños en manos de la CNTE.
En un contexto donde los contrapesos al Ejecutivo se han visto deteriorados, los empresarios están obligados a ponerse en la primera línea de defensa del Estado de derecho, la libre economía de mercado y las instituciones democráticas.
El poder de la IP para influir en el rumbo de las políticas públicas de este gobierno se ha expandido ante la brutal caída de 15.2% en la inversión pública de enero a agosto de este año. El rumbo económico del país depende de lo que hagan los inversionistas, de ahí su fuerza, su peso político específico.
México, ante los tiempos que vivimos, exige también un nuevo empresariado, impulsado por un renovado comportamiento ético, comprometido con un modelo de desarrollo inclusivo, con una economía al servicio, no de la ganancia fácil, sino de los seres humanos.
Me detengo para resaltar la propuesta del CCE de hacer alianza con el gobierno para acabar en este sexenio con la pobreza extrema y hacer de la inversión “una obsesión”. Ése es el empresariado que México necesita.
Ese nuevo empresariado debe ser ajeno a los privilegios fiscales, a la corrupción, a los mercados cautivos, a los tratos en lo ¨oscurito¨. Debe ser un ciudadano corporativo responsable, pagar sus impuestos, invertir en el bienestar de la comunidad, participar activamente en la agenda y decisiones públicas, luchar por las libertades.
Los empresarios deben tomarle la palabra al presidente López Obrador, respaldar los esfuerzos del actual gobierno para crecer y generar prosperidad para todos, pero sin perder jamás su autonomía y su compromiso cívico con la democracia. Es hora de pasar de las escenografías a los hechos y generar un nuevo y más positivo ambiente para el país.
