Estamos envueltos en una peligrosa confrontación entre partidos políticos que pone en riesgo el Pacto Federal, sustento del sistema de gobierno que rige a la República mexicana.
El PAN demanda la desaparición de poderes en Veracruz, mientras que Morena solicita la aplicación de la misma figura para Tamaulipas y Guanajuato.
Más allá de los argumentos jurídicos y políticos que están detrás de estas iniciativas, lo cierto es que se sienta un peligroso precedente que hace de gobernadores constitucionalmente electos, moneda de cambio en la disputa por los espacios de poder, simples objetos de la confrontación y la venganza política entre partidos.
En ambos casos se configura una clara violación al Pacto Federal contenido en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice a la letra: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Si bien la amplia autonomía de la que gozan los estados se ha prestado para todo tipo de abusos por parte de los gobernadores en turno, quienes mantienen un control casi absoluto en todos los ámbitos de la vida de sus estados, lo cierto es que ese grado de autonomía es el que ha permitido a la vez generar contrapesos con respecto al Ejecutivo federal, evitando así el centralismo y generando equilibrios que favorecen la convivencia democrática, plural y respetuosa entre órdenes de gobierno.
Solo quisiera pensar en el sentimiento de agravio que invadiría a los sonorenses, si el día de mañana un grupo de senadores de cualquier partido solicitara la remoción de nuestra gobernadora, electa por el voto popular. Así se deben sentir los veracruzanos, los tamaulipecos y los guanajuatenses.
Uno de los argumentos más importantes para solicitar la desaparición de poderes en estos tres estados, es que la inseguridad y la violencia han rebasado a sus gobernadores. Si este fuera el caso, habría que solicitar la salida de los gobernadores, no de tres entidades, sino de al menos unos 15 o 20 estados del país.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los tres estados en disputa están muy lejos de figurar como los más violentos del país. Guanajuato se encuentra en el noveno lugar con 1,542 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; Tamaulipas está en el lugar 21 con 792 homicidios dolosos y Veracruz en el 28 con 407.
Lo anterior echa por tierra el argumento de los patrocinadores en el sentido de que su preocupación fundamental sea la seguridad de la población de esos estados.
Aunque la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que no se va a dar la desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato o Veracruz, como lo plantean las bancadas de Morena y el PAN en el Senado, “porque no se puede desaparecer el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una entidad”, lo cierto es que, al momento de cerrar estas líneas, el debate seguía muy intenso en la Cámara Alta.
En un gobierno, como el actual, donde la Secretaría de Gobernación ha perdido su liderazgo en materia de conducción de la política interna, se abren los riesgos ante las disputas por el poder.
Ante esta situación, el presidente López Obrador está ante la gran oportunidad de cambiar la narrativa, como lo hizo en el caso de la elección de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde hizo un llamado a “respetar los acuerdos”, lo que abrió paso a que el PAN pudiera ocupar ese importante cargo legislativo.
El espectáculo que están dando los partidos, demandando la remoción de gobernadores legítimamente electos por la vía del voto popular contribuye, aún más, al deterioro de la confianza de los ciudadanos en la política y en sus actores institucionales, los partidos políticos.
Necesitamos, es urgente, que las fuerzas políticas cambien las coordenadas del debate público para que el ejercicio de sus funciones gubernamentales y legislativas genere certeza, gobernabilidad, y contribuya al afianzamiento de la democracia.
A nadie le conviene esta lógica de vendettas políticas, de golpeteo y eliminación del otro.
Porque la democracia es el encuentro generoso entre distintos para construir bienes públicos. La política que solo destruye, la política del conflicto permanente no le sirve al país y no le sirve a la gente.
