Aunque sé que referirse a evidencia científica es distintivo de “los conservadores”, como ha dado por señalarlos algunos seguidores dogmáticos de la 4T, no puedo evitar el citar a investigadores como Ariel Fiszbein que trabaja para el Banco Mundial y que estudió un Doctorado en Economía en la Universidad de California en Berkeley.
Pero lo que Fiszbein afirma es muy cierto: “La educación es la variable que más repercute en la desigualdad del ingreso y la pobreza. La posibilidad de encontrarse en el 20% inferior de la distribución de ingresos disminuye invariablemente con la educación. El acceso a la educación aumenta la productividad de los pobres al mejorar sus posibilidades de obtener empleos mejor pagados; la instrucción escolar genera un mecanismo de movilidad social ascendente para quienes tienen desventajas económicas, en particular los niños provenientes de hogares pobres” (“Tendencias de la desigualdad del ingreso en América Latina”, FCE).
La educación de calidad explica el éxito de los países que hoy están a la vanguardia de la economía global; además, la educación promueve la construcción de ciudadanía y fomenta la cohesión social.
La educación pública que se imparte en México, por desgracia, está muy lejos de cumplir con el propósito de forjar personas capacitadas para participar en la sociedad del conocimiento. De 70 países estudiados en 2016 en el marco del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), a cargo de la OCDE, los alumnos mexicanos se encuentran en lugar 58 en ciencias, el 55 en lectoescritura y el 56 en matemáticas.
Fue precisamente por esta razón que, cuando se concretó la reforma educativa al inicio de la anterior administración federal, esto despertó una gran esperanza porque se introdujeron, con el consenso de las fuerzas políticas, cambios importantes orientados a mejorar la calidad de la enseñanza pública que se imparte en México.
El propio expresidente la calificaba como la reforma estructural más importante de su gobierno. Incorporó avances importantes: establecer la evaluación como mecanismo de ingreso y promoción del magisterio; proponer un nuevo modelo educativo; quitarle el control de la enseñanza a la SNTE y la CNTE.
No obstante, López Obrador, desde la campaña ya había prometido que en caso de ganar la Presidencia derogaría la “mal llamada reforma educativa”. Se trató de una oferta con doble propósito: primero, sumar a su favor al magisterio radical (el cual terminaría recibiendo una cantidad de diputaciones) y, por otro lado, continuar con la demolición del legado neoliberal. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, había amenazado con que no quedaría “ni una coma” de la vieja reforma.
La aprobación de la nueva reforma en días pasados fue terreno de presiones y negociaciones de múltiples actores: el Presidente y sus legisladores, los partidos de oposición (algunos muy deslavados, como es el caso del PRI, un partido que parece alejarse rápidamente de sus principios históricos), la CNTE.
Es correcto y de justicia reconocer que hay avances importantes en la iniciativa aprobada: se eleva a rango constitucional la educación inicial y se establece la obligación del Estado de impartir y garantizar la educación superior; se propone un sistema educativo congruente con la cultura y las necesidades regionales; se privilegia el apoyo a estudiantes de escasos recursos, la adecuada enseñanza del español, las matemáticas, las ciencias, las humanidades, la historia, la geografía, el civismo, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, las lenguas extranjeras e indígenas, el deporte y las artes, el respeto por el medio ambiente.
No obstante, bajo el pretexto de la “evaluación punitiva” que “agredía” y “violentaba” los derechos del magisterio, Morena le dio un regalo a la CNTE: la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y su sustitución por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, el cual carece de autonomía.
Creo que, a pesar de que la verdadera profundidad de la reforma aprobada la conoceremos hasta la definición de las leyes reglamentarias, hemos perdido una oportunidad para construir un país más competitivo; nos alejamos de tener una educación de calidad que es un derecho de los niños y un poderoso elevador social que promueve la inclusión. Ni que hablar de la transparencia y la rendición de cuentas, son términos ausentes en el texto.
Se ha apostado a la política y a privilegiar las opiniones de las facciones sindicales que lo único que les interesa es el control corporativo del sistema escolar y el manejo de las plazas en su propio beneficio.
Triste celebración del Día del Maestro.
