Es indudable que vivimos un mundo más violento. La proliferación de la cultura de la violencia que ha inundado los medios de comunicación y los juegos de nuestros niños, el descontrolado comercio de armas y el crecimiento del consumo de drogas, han complicado la seguridad en prácticamente todas las ciudades del mundo.
Nuestro país no es la excepción. De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del INEGI correspondiente a marzo de 2019, 75% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. 
Además, el primer trimestre de 2019 ha sido el más violento que se haya registrado en México desde que existen estadísticas oficiales (8,737 homicidios dolosos).
La primera respuesta que se nos ocurre es aumentar los recursos presupuestales a la seguridad pública y la justicia. Pero la evidencia ha dejado claro que ello no es la solución. Mientras que el gasto per cápita en seguridad de la región es la mitad que el de los países de la OCDE, la tasa de homicidios es ocho veces más alta.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de dar a conocer un estudio (https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/gasto-publico-inteligente-en-seguridad-ciudadana/) que reconoce que pese a que en la última década se ha incrementado en 34% el gasto en seguridad en América Latina y el Caribe, los indicadores de seguridad no han mejorado. En la mayoría de los casos la inseguridad aumentó.
Por ello, sugiere mejorar la calidad del gasto en seguridad y justicia al hacerlo de manera más inteligente a través de las siguientes recomendaciones:
- Conocer el nivel de (in)eficiencia para identificar oportunidades para gastar mejor. El gasto en la región es menos eficiente en 30% comparado con los resultados con otras policías del mundo. Sugiere aplicar presupuestos basados en resultados que permitan evaluar el uso de los recursos.
- Dar mayor énfasis a las políticas preventivas respecto a las reactivas. Prevenir un delito evita pérdidas personales y materiales, y resulta más barato que reaccionar ante los delitos consumados y sus consecuencias.
- Focalizar en territorios, personas y comportamientos de alto riesgo. Los delitos se concentran de forma desproporcionada en un pequeño número de lugares, de personas y de comportamientos.
- Financiar intervenciones basadas en evidencia científica en lugar de la intuición.
- Vigilancia policial proactiva. Necesitamos un enfoque proactivo que anticipe la comisión del delito y ataque las condiciones que lo permiten.
- Promover alternativas al encarcelamiento que cuesten menos y sean más efectivas. Hay evidencia que estar en la cárcel aumenta significativamente la posibilidad de reincidir y puede agravar el consumo de drogas.
- Organizar las cuentas públicas para poder saber en qué se gasta y qué resultados se obtienen.
- Conseguir que el gasto público inteligente en seguridad ciudadana sea políticamente atractivo.
Llegó el momento de pensar más en el uso inteligente del gasto en seguridad y justicia, basado en evidencias y bases científicas, utilizando más intensiva y estratégicamente la tecnología, si queremos vencer un reto que esta lastimando a millones de mexicanos y destruyendo las condiciones de paz y competitividad que necesitamos.
