No cabe duda que hay puntos plausibles en el gobierno del Presidente López Obrador, como la austeridad republicana en las instituciones públicas que condujo al fin del derroche.
Hoy, todos los funcionarios federales, incluido el Presidente, viajan en líneas comerciales, se redujeron los viáticos y se eliminaron gastos de representación, celulares, vales de despensa. Éste es solo un caso que ilustra el compromiso con un gobierno que cueste menos a los ciudadanos. 
Otro emblema de la 4T es el combate a la corrupción (aunque falta todavía dar claridad sobre la ruta y las herramientas institucionales que se utilizarán para ello). Un aspecto positivo lo es, también, la enorme importancia que se le ha asignado al combate a la pobreza y la desigualdad.
La aprobación de más de 150 mil millones de pesos a este propósito marca un hito y señala el tamaño del compromiso con la justicia social; sin embargo, faltan también andamiajes normativos e institucionales que permitan blindar estos programas contra tentaciones clientelares y asegurar márgenes adecuados de transparencia y rendición de cuentas.
Se duplicó la pensión para adultos mayores y se puso en marcha un apoyo económico para personas con discapacidad permanente; está en marcha un programa para revitalizar el campo y se han iniciado programas de infraestructura que buscan cerrar las brechas de desarrollo entre el norte urbano y moderno, y el sur rural caracterizado por enormes rezagos productivos y sociales.
No obstante, lograr estos propósitos requiere, entre otros factores, de un crecimiento sostenido que permita generar empleos de calidad, recursos fiscales suficientes para financiar el potente Estado de bienestar que plantea el Presidente. Sin una economía exitosa AMLO no podrá consolidar su proyecto político y su ambiciosa reforma social. No se podrá llegar a su ambiciosa meta de sacar a 20 millones de la pobreza y a 5 millones de la pobreza extrema para el año de 2024.
Hoy, la economía no parece querer plegarse al discurso político. La terca realidad se impone.
Mientras el Presidente afirma que podemos crecer al 4% anual, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que la economía crecerá para este año tan solo 1.6% y el próximo año 2%. De hecho, como lo ha reportado en INEGI, el primer trimestre del año ha sido el peor de las últimas dos décadas, al registrar el PIB una caída de 0.2% lo que advierte aires de recesión.
Las alarmas están encendidas.
Ha llegado la hora de tomar en serio la economía y escuchar las voces que llaman a fomentar la inversión privada, nacional y extranjera, verdadero motor de la prosperidad en economías de mercado como la nuestra; voces que llaman a dejar atrás la retórica de la soberanía energética para buscar y comprar energía donde ésta sea más barata.
Voces que llaman a revisar a fondo el paradigma nacionalista para abrir a Pemex a los capitales externos porque no hay manera de rescatar con recursos propios una empresa cuya deuda asciende a 106 mil millones de dólares. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, para que Pemex pueda producir 2.5 millones de barriles al día, requerirá de una inversión de 24 mil millones de dólares anuales los próximos 20 años, un dinero que no tenemos.
Se requiere fortalecer la plataforma exportadora y promover la creación de más empresas con base a la innovación tecnológica y las llamadas tecnologías exponenciales, que son aquellas que multiplican su potencia, la velocidad de procesamiento y la creación de valor, mientras que sus costos se reducen significativamente en el tiempo.
Cancelar un aeropuerto, invertir en costosos proyectos de infraestructura cuya rentabilidad no está garantizada, desaparecer las zonas económicas especiales, lastimar la autonomía de los organismos reguladores, no ayudan a promover la confianza y, por lo tanto, el crecimiento.
El Presidente está confiado en que un tipo de cambio estable es el mejor signo de que las cosas marchan bien. Es bueno recordarle que hay dos billones de pesos invertidos por extranjeros en bonos mexicanos que están listos para irse si se deteriora la percepción de confianza, entonces vendrá la devaluación y la crisis, y con ello, un fuerte golpe a la 4T.
El gobierno está aún a tiempo para impulsar decisiones que permitan recuperar la imagen de un país confiable y seguro para las inversiones en el marco de un entorno que promueva la inversión y la competitividad. Urge entenderlo y reaccionar antes que sea demasiado tarde.
