Esta administración ha arrancado con una serie de cambios vertiginosos. Todavía no alcanzamos a vislumbrar el alcance de una medida gubernamental, cuando ya tenemos encima la siguiente. Hay prisa por mostrar la voluntad de transformar al país.
AMLO presume el consenso que muestran las encuestas de opinión hacia sus políticas, lo mismo la lucha contra el robo de combustible que la creación de la Guardia Nacional. Una nueva Presidencia se fortalece en medio de un desierto de contrapesos. Quedan unas cuantas voces disidentes provenientes de la sociedad civil, la intelectualidad, la academia, la prensa libre, las redes sociales.
La política social ha sido uno de los ámbitos donde con mayor fuerza se ha sentido la llamada Cuarta Transformación. Es cierto que la persistencia de altos niveles de pobreza demandaba fortalecer las acciones, destinar más recursos públicos, lograr mayor armonía entre la política económica y la política social. Sin embargo, me sumo a las voces que consideran que no se está cambiando para mejorar necesariamente los programas sociales. Hay quienes señalan, incluso, que los cambios van encaminados a construir una red clientelar.
Vayamos al principio. Aún antes de tomar posesión el primero de diciembre del año pasado, este gobierno inició el llamado “Censo de Bienestar” con el pretexto de identificar a los destinatarios de sus programas sociales porque, según lo explica AMLO, “los apoyos no llegaban a quienes tenían que llegar”, “había corrupción”. Un ejército de “Servidores de la Nación” (conformado por cerca de 30 mil personas) se volcaron a las colonias y comunidades, a tocar casa por casa para identificar e incorporar a adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes ninis, etc.
Es el mismo ejército que –como lo ha reportado Animal Político- promovió el voto por AMLO en 2018; el mismo que organizó las “consultas ciudadanas” para cancelar la obra del aeropuerto y la aprobación del Tren Maya; el mismo que apoya la logística de los eventos del Presidente en los estados; el mismo, también, que está repartiendo las tarjetas de Bienestar con las que se entregarán los recursos públicos de los programas sociales.
Dice López Obrador que “se acabaron los intermediarios”, que todos los apoyos llegarán de manera directa a los beneficiarios a través de transferencias bancarias. Para ello se eligió, sin licitación alguna de por medio, a Banco Azteca, perteneciente a Ricardo Salinas Pliego, nombrado también “asesor empresarial” del Presidente ¿no se llama eso conflicto de interés?
El “Censo de Bienestar” echó por la borda un esfuerzo de dos décadas para construir un padrón de beneficiarios sólido y auditable que permita evitar duplicidades, focalizar mejor los recursos y apoyar la planeación de las políticas públicas.
Es claro el desdén de este gobierno por la labor del CONEVAL, de los investigadores y expertos, de los organismos internacionales, cuyos insumos y recomendaciones promueven la mejora continua de las políticas públicas y les dan sustento técnico-científico y certeza.
Se han destinado 150 mil millones de pesos a “programas integrales de bienestar”: becas, pensiones, apoyos a agricultores para que siembren arbolitos y cultiven milpas, sin todavía definir cómo se va a medir el impacto y cómo se van a transparentar los recursos.
Se desmantela el programa de Estancias Infantiles, “porque era un nido de panistas”, afectando a cientos de miles de madres trabajadoras que no tendrán ahora dónde dejar a sus hijos. Se pulveriza a Prospera, uno de los programas sociales más exitosos a nivel global.
Repito: no podemos dejar de reconocer la prioridad al tema de la pobreza, al propósito de cerrar las brechas entre el norte y el sur, pero esto no podrá lograrse solo con buenas intenciones y con el reparto masivo de dinero, sin un sólido andamiaje programático e institucional.
Los mexicanos en condición de pobreza quieren oportunidades y un piso básico para vivir con dignidad. Quieren autonomía, rechazan convertirse en rehenes de un partido, un gobierno o un líder carismático. Sólo una política social instrumentada con una lógica democrática y científica, logrará no sólo que haya menos pobreza, sino también que haya más ciudadanía.