La administración de la Cuarta Transformación inicia en medio de grandes expectativas ciudadanas. Una encuesta de Consulta Mitofsky de finales de noviembre revela que 54% de los mexicanos espera un verdadero cambio de sistema, 52% piensa que AMLO cumplirá sus promesas de campaña, 6 de cada 10 que la situación de México mejorará. Los ciudadanos tienen prisa: 33%, la tercera parte, le otorga un plazo de 12 meses al nuevo gobierno para empezar a percibir cambios.
Las tres demandas más importantes son, en orden de relevancia, cambiar la estrategia de combate a la inseguridad, terminar con la corrupción y generar empleos. 
López Obrador supo leer muy bien en campaña la indignación social ante la corrupción, un fenómeno que alcanzó niveles de escándalo en el sexenio de Peña Nieto, y supo transformar ese sentimiento de rechazo en un poderoso anhelo de cambio. En su narrativa, la corrupción era responsable de todo: la pobreza, el bajo nivel de crecimiento económico, la inseguridad y la violencia.
No sabemos con precisión qué porcentaje de votos obtuvo AMLO a partir de su discurso sobre la corrupción, pero no tengo la menor duda de que estamos hablando de un enorme caudal que resultó determinante para ganar contundentemente los comicios presidenciales de julio pasado.
¿Qué esperan los electores del nuevo mandatario? Que cumpla sus compromisos, que sea congruente con sus postulados de campaña, que vaya más allá de la retórica para implementar acciones efectivas contra el vergonzoso e inaceptable desvío de recursos públicos que ha prevalecido. Sin embargo, esto es, precisamente, lo que López Obrador no necesariamente esta haciendo.
Todo lo contrario, AMLO, amparado en su dicho de que lo suyo no es la venganza, a propuesto conceder una amnistía a los corruptos, pide poner punto final “a esta horrible historia” y propone “empezar de nuevo”. Asegura que su gobierno no va a perseguir a nadie pues “no apostamos por la simulación ni el circo”.
Sigue pensando que su “ejemplo moral” puede generar una corriente virtuosa que habrá de permear a todos los funcionarios de su gobierno (“si el presidente es honesto, todos seguirán su ejemplo”, “vamos a barrer con la corrupción como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo”).
Considera que, por el solo hecho de reducirse él su salario, renunciar al avión presidencial y viajar en líneas comerciales, así como utilizar un modesto automóvil para transportarse, ello automáticamente habrá de empapar de virtudes cívicas a todos los mexicanos. Sin dejar de reconocer su valía.
¿Para qué una Comisión Nacional Anticorrupción, una Fiscalía General independiente que investigue y sancione los delitos? No hacen falta. La fortaleza ética del Presidente de la República mandará un poderoso mensaje simbólico que convertirá a los hombres en honestos y purificará la vida pública.
AMLO le acaba de dar el mejor regalo de Navidad a Rosario Robles y Emilio Lozoya; a gobernadores priístas que saquearon y endeudaron a sus estados, a líderes sindicales que amasaron grandes fortunas en la más absoluta opacidad. El obsequio que han recibido estos personajes emblemáticos de “la mafia del poder”, es muy preciado: se llama impunidad. Pueden dormir tranquilos, el Presidente se ha comprometido a que no habrá autoridad alguna que los llame a cuentas.
López Obrador señala que perseguir a los corruptos pondría al país frente al riesgo de caer en una suerte de fractura y conflicto que sólo “llevaría a perder tiempo”; “sería conspirar contra la estabilidad política del país porque habría demasiado escándalo y mi gobierno quedaría anclado en el conflicto”.
AMLO juega con fuego. En primer lugar, porque con el “punto final” que propone, el gobierno mexicano incumpliría con su responsabilidad de investigar y sancionar penalmente la corrupción. Sería una conducta violatoria de la Constitución y de las leyes penales que ordenan perseguir todos los delitos, sin excepción alguna. Alguien debe decirle al Presidente que no le toca a él perdonar a nadie, es un asunto que le corresponde a los jueces.
En segundo lugar, porque siendo la corrupción lo que más molesta y lastima a los mexicanos, y la alta expectativa que existe de que el nuevo gobierno rendirá pronto resultados en esta materia, la decisión de AMLO de amnistiar a los corruptos no será bien valorada por los ciudadanos que verán esto como evidencia de un “pacto de impunidad” con Peña Nieto, y como una traición a sus promesas de campaña. El costo político puede ser altísimo.
Estamos ante una potencial derrota ética del gobierno de la Cuarta Transformación y también ante un reto para el ejercicio de la legalidad y la construcción de un sistema más transparente. No podemos bajar los brazos, la lucha sigue.
