El triunfo de AMLO y Morena el pasado de primero de julio fue tan arrasador, altero los equilibrios y contrapesos al ejercicio del poder.
Los representantes de la Cuarta Transformación de la República tienen una mayoría en las cámaras de diputados y senadores suficiente, incluso, para cambiar la Constitución. Los legisladores de Morena afirman que se mantendrá la división de poderes, inherente a nuestro sistema republicano. Eso lo vamos a confirmar los siguientes meses cuando inicie el gobierno de López Obrador. 
Por otra parte, los gobernadores, un importante poder fáctico que podría actuar eventualmente como regulador de los excesos presidenciales, están temerosos y desarticulados.
AMLO los tiene bajo control. Está utilizando la estrategia de la zanahoria y el garrote. Por un lado les ofrece proyectos de desarrollo regional, como el Tren Maya, e importantes montos de inversión pública; y por el otro los amenaza con cerrar la llave de las transferencias federales.
Qué decir de los partidos políticos que hoy están en la oposición, el PAN sumido en una disputa por la dirigencia nacional que puede generar nuevas rupturas; el PRI desmoralizado por la derrota y enfrentado al dilema de realizar una reingeniería a fondo de su maquinaria y su andamiaje programático. Del PRD, ni hablar.
Los medios de información, otra fuente de crítica y contención del quehacer gubernamental, se encuentran al borde de una crisis debido al inminente recorte de más de la mitad del gasto en publicidad gubernamental, una de sus fuentes más importantes de ingreso. Es probable que la televisión, la prensa y la radio recurran mañana, incluso, a la autocensura para quedar bien con la nueva administración buscando capturar más contratos de publicidad. Una pésima noticia para la libertad de información.
¿Desde qué zonas del espacio público podemos generar esos contrapesos indispensables a un partido y un hombre que concentran tanto poder? ¿Qué actores pueden tener suficiente autoridad social?
La respuesta es: la sociedad civil, los ciudadanos organizados, un espacio de expresión y participación libre y abierta que nos queda frente al debilitamiento estructural de agentes y actores que fungían como reguladores del poder político.
Las agendas que concentran los esfuerzos de la sociedad civil son muy diversas: empoderamiento de grupos vulnerables, transparencia y combate a la corrupción; diseño de políticas públicas y calidad gubernamental; derechos humanos y libertad de expresión; seguridad pública; preservación del medio ambiente.
El perfil de la sociedad civil ha cambiado radicalmente en los últimos treinta años. Un sector que inició con un puñado de valientes ciudadanos que luchaban contra el fraude electoral en los años setenta, se ha transformado, hoy, en un conglomerado muy sofisticado de especialistas en diversos temas.
Basta con mirar la conformación de think tanks como México Evalúa; el Instituto Mexicano para la Competitividad; Fundar; Centro Mexicano para la Filantropía; Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Mexicanos Primero; Al Consumidor, y así una larga lista. De la indignación cívica han pasado a investigación y la generación de conocimiento para incidir en el espacio público con propuestas transformadoras.
El académico Alejandro Poiré habla del imperativo de que aquellos ciudadanos que participan en los temas públicos se profesionalicen, incluso más que los propios funcionarios de gobierno, para poder aportar e influir.
La sociedad civil representa, hoy, un sólido capital intelectual y moral al servicio de la democracia, las libertades y los derechos de todos. Su crecimiento y madurez, su empuje y visión estratégica, su honestidad y su entrega a las mejores causas colectivas debe permitirnos abrigar la esperanza de que no estamos solos ante un posible embate de las ambiciones autoritarias y de aquellos que quieren que México retorne a los viejos esquemas de los años setenta. Construyamos más sociedad civil.
