La narrativa del Presidente electo ha enfocado las baterías contra un nuevo y odiado enemigo de la Cuarta Transformación de la República: los servidores públicos federales, concretamente la “alta burocracia”.
Para ello está aprovechando el pésimo posicionamiento que tienen los burócratas en el imaginario social de la inmensa mayoría de los mexicanos. Se percibe a éstos como improductivos, flojos, irresponsables, corruptos, privilegiados. De ahí el enorme consenso que ha alcanzado la propuesta de AMLO de abatir drásticamente los salarios de este sector, suprimir sus prestaciones sustantivas como los gastos médicos mayores y los fondos de ahorro individualizado, y reducir en 70% el personal de confianza de las Secretarías de Estado. 
Una encuesta reciente del periódico Reforma revela la animadversión de los mexicanos hacia la burocracia: 88% está de acuerdo con que se reduzcan los salarios de los altos funcionarios, 67% con despedir a casi 200 mil funcionarios gubernamentales. A ello se suma la abierta simpatía del sector empresarial con la idea de reducir el gasto corriente del gobierno.
El maltrato que sufre el ciudadano de a pie de parte del burócrata que le solicita dinero para resolver un trámite, las imágenes recurrentes de funcionarios que no resuelven los problemas públicos que le han sido encomendados, las crónicas de la corrupción con contratos de obra pública o malversación de dineros gubernamentales, han hecho que “paguen justos por pecadores”. Se ha creado, injustificadamente, la percepción de que TODOS los servidores públicos son ineficaces o inmorales, y con ello las condiciones propicias para un linchamiento generalizado de este sector.
En un contexto como éste, se ha vuelto enormemente complicado defender la importancia de contar con una burocracia altamente especializada, portadora de valores de transparencia, como elemento clave para el buen diseño y operación de las políticas públicas.
Como expuso Raymundo Riva Palacio cualquier discrepancia con las ideas y políticas de López Obrador se responde con insultos y amenazas. Las redes sociales se han convertido en un patíbulo, si no, veamos los comentarios de los simpatizantes del virtual futuro Presidente de México: “Ahora resulta que los columnistas se volvieron abogados de la burocracia dorada; nunca se les vio defender al pueblo de la miseria en que se encuentra”, “Qué bueno que se van a ajustar sus salarios para que vean lo que siente un trabajador cuando le dicen que va a ganar menos”, “Los altos funcionarios están ahí porque son amigos de Peña Nieto”, “Es necesaria una purga, es criminal que mientras los mexicanos ganan 6 mil pesos, los burócratas 300 mil”, etc.
En el ánimo de mantener una posición equilibrada en esta discusión, quisiera reconocer que sí teníamos una burocracia muy inflada y que es necesario bajar el costo operativo del gobierno. La burocracia ha sido, históricamente, el botín del partido ganador de la Presidencia, agencia de empleo para colocar a los cuates sin tomar en cuenta su experiencia y habilidades para un cargo público.
Había privilegios inaceptables: vehículos de servicio, vales de gasolina, celular sin límite de cargos, choferes y asesores al por mayor, viáticos irrestrictos. Todo esto es cierto. Había que poner un alto al dispendio, pero creo que, en el propósito de avanzar en una lógica de austeridad, se pueden llegar a cometer errores graves y costosos.
Primero, porque un recorte severo o una fuga masiva del capital humano de altísima calidad que trabaja en muchas de las dependencias, afectaría severamente la capacidad operativa. En segundo lugar, me preocupa lo dicho por el próximo Subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, en el sentido de que no les preocupa que se vayan algunos cuadros burocráticos experimentados debido a la merma de salarios y prestaciones, porque “vendrían otros, motivados más por el compromiso con el proyecto de AMLO, que por incentivos económicos”. Se corre el riesgo de llenar la Administración Pública Federal con improvisados o simpatizantes del partido político ahora hegemónico.
La ruta más indicada es elaborar estudios precisos por cada dependencia, que nos asegure que no se pierdan capacidades estratégicas, información y conocimientos críticos, y acompañar este proceso con una importante desregulación administrativa y el uso de las nuevas tecnologías.
AMLO ha iniciado declarando la guerra a quienes deberían estar más cerca de él y su proyecto de cambio; hay un enorme resentimiento entre los servidores públicos que se verán afectados; muchísimos, por cierto, votaron por él.
Es la hora de escuchar. Lo otro, la confrontación con la burocracia, puede llevar al caos institucional y a un conflicto laboral de consecuencias impredecibles.
