Una funcionaria desvía miles de millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social a través de mecanismos ilegales de subcontratación y simulación, y a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación presentó 24 denuncias penales en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR), hasta la fecha Rosario Robles no sólo no ha sido llamada ni siquiera a declarar sino que ahora replica el mismo esquema para desviar recursos públicos en otra dependencia (Sedatu) de la cual es titular. Esto ocurre mientras la PGR, convertida en instrumento político del PRI, enfoca todas sus baterías contra un líder opositor, Ricardo Anaya, por un supuesto delito de lavado de dinero del cual no se han presentado pruebas contundentes.
Un gobernador toma dinero del presupuesto para beneficiarse comprando acciones de un banco estatal, acumula decenas de propiedades y ranchos, uno de ellos de 30 mil hectáreas, una superficie equivalente a la de la capital del estado de Chihuahua, le descuenta dinero de manera ilícita a los burócratas estatales que va a parar a las campañas de su partido, el PRI, y a pesar de ello la PGR lo exonera. César Duarte es fácilmente localizable en los Estados Unidos, pero nadie se atreve, a pesar de la gravedad de los cargos, a detenerlo y presentarlo ante la justicia mexicana.
Un asaltante sube a un transporte público que corre por una de las tantas rutas que conectan al Estado de México con la Ciudad de México. A medio camino saca un arma y despoja de sus bienes a los pasajeros. El ladrón desciende del transporte a media carretera y se va caminando tranquilo para perderse en la oscuridad de la noche. Los agraviados deciden no presentarse ante el Ministerio Público para reportar los hechos, ¿para qué? se preguntan, es una pérdida de tiempo. 
Los tres, la funcionaria, el gobernador y el ratero, actuaron de manera racional, evaluaron cuidadosamente los costos y beneficios de robar dinero, y llegaron a la conclusión que estos últimos son infinitamente superiores a los primeros. En pocas palabras, la posibilidad de recibir un castigo por cometer un delito en México es mínima cuando no nula, comparada con la utilidad económica que se puede obtener.
Es precisamente por casos como los citados, que México figura como la cuarta nación más impune del mundo, sólo por debajo de Filipinas, India y Camerún, esto de acuerdo a un Índice global que elabora la Universidad de Las Américas en Puebla (UDLAP). Rusia, Nicaragua y Venezuela también figuran entre los 10 países con mayor incidencia de delitos sin castigo, pero no son países democráticos a diferencia del nuestro. La impunidad, señalan los autores del estudio, genera desigualdad, corrupción y violencia, destruye la confianza de los inversionistas, mina el desarrollo económico y propicia la violación de los derechos humanos.
¿Quieren más evidencia, queridos lectores? El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Justice Project, que se construye evaluando ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal, coloca a México en el lugar 92 entre 113 países. Nuestro país cayó cuatro posiciones con respecto a 2016.
Esto sucede mientras la OCDE, organismo al que México pertenece, señala que es crucial avanzar hacia una segunda ola de reformas complementarias en áreas clave como el respeto al Estado de derecho, la transparencia de los gobiernos estatales y municipales, la puesta en práctica del Sistema Anticorrupción, el funcionamiento eficaz del sistema judicial y el combate a la inseguridad. “Todas las reformas que se hicieron al inicio de la administración, y que hoy están en etapa de implementación, sólo tendrán éxito pleno si además se trabaja en la parte institucional”.
Hay algunos que creen que basta con hablar, con disparar palabras, para generar respuestas. Se equivocan.
De acuerdo con una encuesta reciente del periódico El Financiero, la gente está muy escéptica: 6 de cada 10 mexicanos considera falsa la afirmación de López Obrador de que “Si el Presidente es honesto, no habrá corrupción en el gobierno”. Basta de prometer soluciones providenciales, irresponsables. La gente quiere una policía que funcione y garantice su seguridad, quiere jueces imparciales y honestos, quiere castigo para quienes cometan un acto fuera de la ley.
La gente quiere instituciones fuertes, actuantes, para detener la descomposición de nuestra vida pública, nuestro veloz paso hacia el precipicio de un Estado fallido.
Necesitamos instituciones, lo demás es demagogia.
