Endeudamiento público
La deuda pública de estados y municipios resulta cada vez más preocupante. Y no es para menos. De acuerdo con un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, entre 2002 y el segundo trimestre de 2017 el saldo de la deuda subnacional se ha incrementado de 116 mil a 564 mil millones de pesos.
El endeudamiento excesivo de los gobiernos estatales y municipales se ha transformado en un importante foco rojo, no sólo para la economía; es algo que desafía los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Estamos inmersos en un contexto donde los gobiernos locales se han convertido en los principales hoyos de opacidad. Los gobernadores y presidentes municipales, amparados en los márgenes de autonomía que la Constitución y el Pacto Federal otorga, hacen lo que quieren.
A ellos se suma la falta de contrapesos democráticos y normativos. Los gobernadores lo controlan todo: los congresos, los órganos fiscalizadores, los organismos de transparencia y acceso a la información pública. Se aprovechan, además, del precario desarrollo de la sociedad civil en sus territorios, y de la existencia de medios de información más interesados en recibir contratos de publicidad gubernamental, que en ejercer su papel de observadores críticos de la vida pública de sus estados.
Las consecuencias están a la vista: estados endeudados hasta el tope, uso discrecional de los recursos contratados, dinero que termina en bolsillos privados en lugar de traducirse en obras y bienes públicos de impacto en el bienestar de la población.
El espectáculo, cada vez más común, de exgobernadores sujetos a la acción de la justicia penal por acusaciones de peculado, profundiza el distanciamiento de la ciudadanía con respecto a la política y las instituciones y el mal humor social.
Los niveles de endeudamiento de Sonora y su capital son muy preocupantes. De acuerdo con el citado estudio de la Cámara de Diputados, Sonora, con un monto de 28 mil 400 millones de pesos, es el séptimo estado más endeudado del país, por debajo de Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y Estado de México.
Mientras la deuda pública per cápita a nivel país es de 4 mil 568 pesos, la de Sonora es prácticamente el doble, 9 mil 436 pesos, lo que nos ubica en un nada honroso quinto lugar en el contexto nacional. Por el porcentaje que representa la deuda de su Producto Interno Bruto (PIB), nuestra entidad ocupa también la quinta posición.
Hermosillo, con 1 mil 692 millones de pesos, es el cuarto municipio más endeudado de México, después de Tijuana, Guadalajara y Monterrey, los tres con una población muy superior a nuestra capital.
Si bien hay responsabilidad de administraciones anteriores, lo cierto es que los actuales gobiernos, estatal y municipal, también han recurrido al expediente de solicitar más préstamos, principalmente a la banca privada nacional. Se ha creado un círculo vicioso donde las autoridades entrantes heredan deudas que comprometen las finanzas públicas y esto les resta margen de acción para implementar sus programas, y es así como justifican la contratación de más deuda.
El tema es que el endeudamiento no ha generado beneficios tangibles para los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer? Primero, definir la capacidad real de endeudamiento de los gobiernos; y segundo, explicar y debatir las razones del por qué solicitar créditos de cara a la sociedad, cada peso de deuda pública debe justificarse en términos de su impacto económico y social y someterse a una estricta auditoría.
A la par, deben buscarse fuentes alternativas de recursos en el cobro de impuestos a nivel local, algo que estados y municipios no les gusta hacer porque es políticamente impopular. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sólo 3 de cada 100 pesos de los ingresos tributarios en México, se recaudan a nivel local. Esto ha llevado a los gobiernos locales a una enorme dependencia de las participaciones federales.
Pero, sobre todo, hay que generar ahorros bajando el costo de operación de los gobiernos. Hay mucha simulación, una burocracia excesiva, estructuras superfluas, gastos inncesarios. Se debe gobernar haciendo más con menos bajo la lógica de la eficacia pública y en beneficio de la sociedad.
