Más Fondo, menos derroche
La reconstrucción ante los sismos del 7 y 19 de septiembre debe llevarse a cabo con enorme sensibilidad social, porque hay 150 mil familias mexicanas en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Guerrero y el Estado de México cuyo principal patrimonio, sus viviendas, han resultado afectadas. Muchas duermen en albergues, otras en espacios públicos o frente a sus casas ante el temor de posibles saqueos. Hay muchísimos niños sin clases debido al daño que sufrieron más de 13 mil escuelas. A ello hay que sumar redes de agua potable, carreteras, líneas de suministro de electricidad, pavimentos.
Sin duda, la reconstrucción será muy costosa. El Presidente Peña Nieto ya dio una cifra:
más de 38,000 millones de pesos. ¿Cómo vamos a financiar este esfuerzo?
Por supuesto, contamos con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y con diversos seguros contratados por el gobierno que protegen la infraestructura pública, sobre todo, escuelas; ahora, el Secretario de Hacienda ha anunciado que se harán ajustes al presupuesto 2018 con objeto de destinar recursos para poner de pie a las zonas afectadas.
El sismo ha tenido lugar en un momento complicado, porque ya arrancó el proceso electoral 2018 y diversos actores están tratando de politizar el tema. Ante la necesidad de dinero para afrontar la reconstrucción, la primera reacción, casi instintiva, ha sido señalar a los villanos favoritos de la opinión pública: el gobierno y los partidos políticos. Ahora que las redes sociales se han vuelto el espacio público del debate, los juicios sumarios y en tiempo real golpean con fiereza al gobierno y a la partidocracia. Los tienen sometidos.
Vamos por partes. Es cierto que tenemos un gobierno caro e ineficaz y persiste, por otro lado, una escandalosa corrupción. El gobierno está obligado a apretarse el cinturón para el próximo año eliminando estructuras y programas inútiles y compactando otros; reduciendo
sustancialmente el gasto corriente que se destina al pago de la burocracia, y reorientar ese dinero hacia los mexicanos que están sufriendo una durísima situación debido a los recientes eventos catastróficos.
También es cierto que tenemos una democracia muy cara. De acuerdo con el periodista, Sergio Sarmiento, el proceso electoral 2018 costará cerca de 112,000 millones de pesos distribuido de la siguiente manera: 13,000 millones de pesos de financiamiento a partidos políticos; casi 39,000 millones que costarán el INE y sus pares estatales, así como los tribunales electorales federal y locales, a lo que se suma por lo menos 60,000 millones que es el costo aproximado del tiempo “gratuito” de radio y TV asignado al INE y los partidos. Ello, sin considerar el financiamiento privado.
Es indudable que las instituciones electorales y los partidos también están obligados a reducir sus gastos y contribuir a la reparación de los daños. En medio de un abismal distanciamiento ciudadano hacia la política, de un visible mal humor ciudadano atizado, sin duda, por los recientes desastres naturales, han empezado a surgir voces que llaman a
eliminar en su totalidad el financiamiento público a los partidos políticos.
La gente quiere sangre, y las lanzas se dirigen hacia los odiados partidos políticos. Sin embargo, la cosa no es tan fácil. Es ingenuo pensar que, en un país como México, los partidos pueden financiar sus actividades a partir de las cuotas de la militancia. Eliminar en su totalidad el financiamiento público abriría la puerta a sobre dimensionar el peso del
dinero privado en las campañas. Grandes grupos económicos y el crimen organizado están dispuestos a invertir –ya lo hacen- para impulsar candidaturas que luego se traducirán en
contratos de obra pública o espacios de impunidad. No hay dinero privado fácil ni gratuito.
También sería ingenuo pensar que la desaparición del financiamiento público a los partidos políticos no beneficiaría a la opción que gobierno. Basta verlo en el Estado de México para
reconocer nuestra triste realidad mexicana.
Diferentes estudios muestran que las democracias modernas disponen de sistemas mixtos de financiamiento. Se trata de minimizar el riesgo, en todo lo posible, de que los intereses
privados perviertan la democracia y generen círculos perversos de corrupción y privilegios.
El tema debe abordarse de fondo. Debemos reformar la ley para reducir los gastos de campaña y eliminar gastos innecesarios (artículos propagandísticos, lonas, espectaculares, etc.) y privilegiar la confrontación de las ideas y los proyectos a través de debates públicos en radio y TV y del uso de las redes sociales. Las tecnologías digitales actuales –con su enorme poder de penetración-, posibilitan este tipo de deliberación altamente efectiva y de bajo costo. Todo esto permitiría bajar los gastos y topes de campaña, y sería más fácil auditarlos.
Hay voces que llaman a suprimir los legisladores plurinominales, lo cual implica, a su vez, un importante retroceso a la representación equitativa en el Congreso. Sería eliminar la pluralidad y el espacio para las minorías que es parte sustancial de nuestra calidad democrática y da cauce institucional a quienes existen o están emergiendo. Tengamos cuidado, no permitamos que el ambiente de crispación social contra la política ysus actores, lleve a decisiones precipitadas que podrían tener un alto costo para la consolidación de una democracia verdaderamente representativa, plural y ciudadana.
