Pobreza, una terrible realidad
Medir la pobreza con datos objetivos y científicamente consistentes es una obligación de todo gobierno democrático porque permite reportarle a la sociedad dónde estamos instalados en materia de niveles de bienestar, y nos brinda, además, datos sustantivos para evaluar las políticas públicas e implementar acciones de mejora continua.
La medición de la pobreza es un ejercicio relativamente reciente. Fue en la administración de Vicente Fox, en 2002, cuando se llevó a cabo la primera medición oficial después de décadas de un enorme vacío de información acerca del comportamiento de la pobreza.
Presentar datos oficiales sobre el comportamiento de la pobreza fue una decisión no exenta de riesgos políticos, porque significaba abrir al escrutinio público los resultados de la política social, poner el ojo ciudadano en lo que se gasta y cómo se gasta. Veníamos de décadas de opacidad de gobiernos priístas que utilizaban los programas sociales con un sentido clientelar para manipular a los que menos tienen y amarrar su voto.
En 2004, con la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, la medición de la pobreza se convirtió en un mandato y se dejó a cargo de esta tarea al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, un organismo autónomo dotado de probada capacidad técnica y científica.
El Coneval nos ha compartido recientemente los datos de pobreza correspondientes a 2016. Con respecto a 2012, el porcentaje de la población en situación de pobreza bajó de 45.5 a 43.6%; sin embargo, el número de mexicanos que sufren esta condición se incrementó de 53.3 a 53.4 millones.
Cuando ponemos la lupa sobre el comportamiento de la pobreza en las entidades federativas entre 2010 y 2016, resulta que Veracruz, uno de los estados que recibe más recursos de la Federación para desarrollo social, es un desastre. En el periodo mencionado, 601 mil veracruzanos cayeron a las filas de la pobreza. Por otra parte, el Estado de México sumó un millón y medio más de pobres entre 2010 y 2016.
Algo caracteriza a ambas entidades además de la opacidad y los altos niveles de inseguridad: la sumisión de los congresos locales al poder de los gobernadores, el control desde arriba sobre los órganos de acceso a la información y las auditorías estatales, la ausencia de una sociedad civil organizada y de medios de información independientes. La falta de contrapesos democráticos genera malos gobiernos y, éstos, a su vez, generan pobreza.
Sonora logró reducir la pobreza total de 29.4% a 27.9%, y la pobreza extrema de 3.3% a 2.5%, esto es, 20,300 sonorenses dejaron esta terrible situación. Sin embargo, todavía tenemos 831,400 pobres, lo cual nos invita a redoblar esfuerzos.
No hay motivo para celebrar. El sólo hecho de que 53 millones de mexicanos estén en condición de pobreza, pone en entredicho la capacidad para aplicar programas sociales efectivos. La Sedesol presume contar con un padrón de 42 millones de personas, y que va a la alza, lo que debe verse no como un logro en términos de cobertura de las redes de protección social, sino como un fracaso porque indica que no estamos ayudando a la gente a salir de su situación. Se convierte a los pobres en dependientes crónicos de los subsidios estatales, en clientes de programas asistencialistas que no ayudan a romper la transmisión de la pobreza de una generación a otra, mientras la pobreza se sigue manipulando políticamente.
Prospera, el programa estrella de política social del gobierno federal, si bien contribuye a mejorar el ingreso de los hogares más vulnerables, tiene descompuesto el “elevador social” porque los jóvenes que reciben educación con becas del programa, no encuentran salidas hacia el mercado de trabajo, a la inclusión laboral, a la seguridad social. Para los jóvenes y los niños de Prospera, origen sigue siendo destino.
La medición de la pobreza 2016 nos habla de una política social desarticulada, de estados que gastan muchísimo dinero sin generar resultados y sin rendir cuentas, de una ausencia de visión estratégica que permita conectar a la política social con la política económica. Nos habla de políticas públicas que no contribuyen a generar ciudadanía. Es la hora de un cambio de rumbo en la política social, porque México no puede tolerar más pobreza y más desigualdad.
