El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Hermosillo publicó un interesante estudio denominado Todos contamos: Censo de personas en situación de calle 2016-2017, el cual contiene datos de enorme relevancia para el diseño de políticas públicas que nos ayuden a atender un problema que se está volviendo crónico en nuestra capital, relacionado con el creciente número de personas que están en condición de indigencia.
El 75% de los encuestados lleva viviendo meses e incluso años en la vía pública; 44% cayó en situación de calle entre los 0 y los 30 años, la etapa de mayor vulnerabilidad para niños y jóvenes, porque están expuestos a enormes riesgos como el consumo de enervantes, prostitución y trata de menores, conductas antisociales y delictivas, reclutamiento de parte de grupos criminales.
4 de cada 10 cayeron en situación de calle por conflictos con parientes cercanos o sus propios padres. Prácticamente la misma proporción, decidieron irse a la calle por la precariedad económica prevaleciente en sus hogares.
La inmensa mayoría obtiene sus escasos ingresos de actividades informales como el comercio ambulante, limpiando parabrisas, trabajando en la construcción en los oficios más elementales, incluso como jornaleros agrícolas.
La encuesta habla de un deterioro sensible del tejido familiar, y recordemos que la familia, el hogar, es la primera línea de protección y adquisición de valores de respeto y sociabilidad de las personas.
El estudio nos coloca de frente a las tensiones a la que está sometida la institución familiar, debido a la falta de condiciones para disfrutar en el propio hogar de una vida con calidad y con dignidad que garantice acceso a alimentación, educación y cuidados básicos.
Pero déjenme concentrarme en el sector que más debe preocuparnos y ocuparnos, que son los niños y adolescentes. La existencia de un solo niño o un joven viviendo en la calle debe desafiar todos nuestros principios morales, y nos remite a la evidencia científica que prueba que si no invertimos suficientes recursos y políticas públicas en las edades más tempranas de nuestros ciudadanos, habremos de pagar este descuido con más descomposición social, inseguridad y pobreza.
Expertos en el tema, como Martín Pérez, quien preside la Red por los Derechos de la Infancia en México, y además dirige El Caracol, organización civil que diseña alternativas al callejerismo, y cuyo modelo de atención se replica en varios países, dicen una cosa muy cierta: le hemos dado demasiada importancia a la institucionalización de niños y jóvenes en situación de calle, es decir, a su confinamiento en albergues y refugios, pero nos hemos olvidado de intervenir en los espacios donde se genera este problema: las familias disfuncionales y sus entornos sociales, permeados por la violencia y el maltrato, la falta de comunicación y respeto, la pobreza y la falta de oportunidades económicas.
Sobran regulaciones legales. México aprobó en 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que garantiza condiciones para su protección y desarrollo humano integral. Sin embargo, la distancia sigue siendo abismal entre lo que ordenan los marcos jurídicos y lo que sucede en la cruda realidad, a la que nos enfrentamos todos los días en Hermosillo y en muchísimas ciudades del país, con la imagen de pequeños durmiendo, drogándose y ganándose la vida en las calles en las condiciones más difíciles.
En México ha habido diversos intentos por atender este problema, como el programa “De la calle a la vida” que impulsó el presidente Fox en su administración y que fracasó por falta de continuidad transexenal, pero sobre todo, por la incapacidad para escuchar y recuperar las experiencias de la sociedad civil que, debemos reconocerlo, cuenta con experiencias y proyectos probados en esta materia. La administración de Peña Nieto ha carecido de vasos comunicantes con los ciudadanos organizados para implementar una estrategia nacional de atención a niñas, niños y jóvenes en situación de calle. Nos enfrentamos a un enorme vacío de políticas públicas. Este es un gran desafío para la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich y los actuales presidentes municipales.
8 de cada 10 encuestados en el estudio del DIF Hermosillo, entre los que hay muchos menores, quisieran retornar a su casa. 73% se imagina viviendo al margen de la calle y el abandono. ¿Tendremos la capacidad de escucharlos?
Estamos ante un estudio muy serio que debe mover las fibras sensibles de todos: las instituciones gubernamentales, los empresarios socialmente responsables, la sociedad civil, los ciudadanos en general.
Si invertimos en los niños y los jóvenes, hoy, ellos nos darán a todos un mejor futuro. Ello si puede acabar con la violencia y la inseguridad. ¿Qué estamos esperando? Es un llamado a la acción colectiva.
