Obstáculos al Sistema Nacional Anticorrupción
La corrupción es un fenómeno que diluye la credibilidad en las instituciones, y la promesa de erradicarlo constituye la principal bandera de Andrés Manuel López Obrador. Tal arrastre social tiene la lucha contra este fenómeno, que ha colocado al líder de Morena a la cabeza de las preferencias electorales para el 2018. El problema es que la vía que ofrece no es la de la construcción de instituciones que permitan amarrarle las manos al gobierno, no. La vía que sugiere es la de una mágica purificación de la vida pública si él gana las elecciones, porque es el portador de una “inquebrantable fuerza moral”, es “ave cuyo plumaje no se mancha al cruzar el pantano”.
No es con buenos discursos como vamos a parar la corrupción. Necesitamos un entramado institucional que fiscalice cada peso de los presupuestos y que tenga dientes para castigar severamente a quienes roben dinero público, y lo más próximo que tenemos es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por el que tanto ha luchado la sociedad civil, y que hoy enfrenta serios obstáculos que ponen en riesgo su integridad y su operatividad plena.
No me cabe en la mente quién podría dudar de la integridad moral, experiencia y créditos académicos de quienes resultaron elegidos para formar parte del Comité de Participación Ciudadana del SNA: Jacqueline Peschard, exconsejera electoral y expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información; Mariclaire Acosta, destacada defensora de los derechos humanos; Alfonso Hernández Valdez, investigador del ITESO de Guadalajara y experto en temas de transparencia gubernamental; José Octavio López Presa, un mexicano con probada trayectoria en la implementación de plataformas tecnológicas orientadas a la rendición de cuentas; Luis Manuel Pérez de Acha, reconocido por sus iniciativas ciudadanas para impulsar la apertura de información pública. Detrás de los dardos de El Universal hay intereses oscuros de grupos de poder (¿el gobierno federal? ¿la partidocracia?), y la verdad qué pena que los medios se presten a campañas de desprestigio de los esfuerzos anticorrupción de la sociedad civil.
Otra mala noticia es la renuncia en masa de los ciudadanos que formaban parte del Comité de Acompañamiento al Senado para la selección del primer Fiscal Anticorrupción, una figura central del SNA. Las razones de su decisión: su desaprobación a la falta de voluntad política de los legisladores de TODOS los partidos para nombrar a quién encabezará este importante cargo. Los senadores señalan los integrantes de este Comité, donde participaba por cierto el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, “han dado prioridad a sus estrategias político-electorales” en lugar de cumplir con su responsabilidad.
Las implicaciones no son menores, porque para que entre en vigor la nueva legislación penal anticorrupción se requiere de la designación de dicho Fiscal. Todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias que actualmente se procesan, como es el caso de los exgobernadores Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, y Roberto Borge de Quintana Roo, se tendrán que llevar a cabo con la legislación anterior.
Mientras en Guatemala el expresidente Otto Pérez Molina duerme en la cárcel por cohecho y defraudación aduanera; en Brasil el expresidente Lula da Silva ha sido condenado a nueve años de prisión por conflicto de interés, y en Perú al expresidente Ollanta Humala y su esposa se les ha dictado prisión preventiva por sobornos de la constructora Odebrecht, en México el castigo a los corruptos sigue durmiendo el sueño de los justos.
Alguien está interesado en desprestigiar a la sociedad civil mexicana y marginarla de los esfuerzos por construir el Sistema Nacional Anticorrupción.
Mientras tanto, López Obrador navega con el viento a favor: celebra los vacíos jurídicos, la crónica debilidad institucional, la ineficacia de los actores políticos para forjar las bases de un aparato anticorrupción, le complace que los ciudadanos no se conviertan en fiscales del ejercicio del dinero público; él mismo tiene señalamientos en materia de opacidad.
Si no cambiamos los referentes, el 2018 se puede convertir en un grave riesgo institucional cuyas consecuencias las pagaremos todos los mexicanos.
