Matar la democracia
“Oiga: afuera de su casa anda una camioneta con dos vatos armados, les tomé fotos, véalos y cuídese”; “Usted hizo un retiro de efectivo”; “Murió mi padre, ojalá pudieras acompañarnos”; “Tiene usted problemas con su visa americana”; “Tu marido (esposa) tiene amoríos con otra persona, tengo pruebas”. Nuestra infinita curiosidad, muchas veces el morbo, nos puede llevar a darle clic al vínculo para encontrar mayor información. Craso error. De hacerlo así, su celular quedará infectado por un sofisticado software llamado Pegasus que le dará a alguien acceso irrestricto a sus mensajes, llamadas, correos, contactos, y activar el micrófono y la cámara para escucharlo y verlo todo el tiempo.
Pegasus es un sistema de rastreo creado por la empresa israelí NSO Group que, según sus portavoces, vende el spyware a agencias policiales con la condición de que solo se utilice para vigilar a terroristas y criminales, y que hoy está en el centro del escándalo político en México porque –de acuerdo con un reportaje del New York Times- ha sido usado contra “defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción”.
En la lista se encuentran, entre otros, Juan Pardinas y Alexandra Zapata, activos promotores del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley 3 de 3, para que todos los funcionarios, políticos y candidatos hagan efectivas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de no conflicto de interés; Carmen Aristegui y su hijo Emilio; Carlos Loret de Mola; Mario Patrón, abogado de los familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; Rafael Cabrera, reportero que dio con la Casa Blanca de Peña Nieto y su esposa; Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, periodistas e integrantes de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sin duda, es sólo la punta del iceberg, porque no sabemos cuántos más han sido víctimas de este ataque cibernético.
Todo apunta a que los responsables son diversas agencias del gobierno de México quienes adquirieron, de acuerdo con el diario estadunidense, licencias por cerca de 80 millones de dólares al fabricante NSO Group con la promesa de que sólo utilizarían dicho malware (que significa “MALicious softWARE”) contra sujetos u organizaciones que ponen en peligro la seguridad nacional.
¿Trabajar por un andamiaje institucional y legal que ponga coto a la corrupción; evidenciar la opacidad gubernamental en el otorgamiento de contratos de obra pública; exigir que el caso Ayotzinapa arroje una investigación creíble para todos; defender los derechos de los que no tienen voz, criticar al gobierno, es atentar contra la seguridad del Estado mexicano? Si así lo piensan los asesores de Peña Nieto, entonces estamos muy mal. Sólo matan la democracia.
En respuesta, el Presidente demandó a la PGR –instancia ante la cual los afectados presentaron una denuncia de hechos- aplicar la ley, negó que su administración practique el espionaje, y se señaló también como víctima al apuntar que él mismo ha recibido mensajes “de una fuente u origen desconocido”. El Presidente se cura en salud, busca desviar la atención.
Estamos frente a una gravísima violación a valores elementales de todo sistema democrático que es garantizar la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la capacidad de la sociedad civil para generar contrapesos el ejercicio del poder. Habla de un gobierno que quiere inocular el miedo en sus críticos, intimidarlos, desequilibrarlos, hacerles saber que son vigilados y advertirles de no ir más allá porque el Gran Hermano puede saber qué piensan, qué hacen, rastrear cada uno de sus pasos.
Para entender la complejidad del tema, remito a mis lectores a ese libro precursor de George Orwell, “1984”, y a una extraordinaria película “La vida de los otros” sobre cómo el régimen comunista autoritario de Alemania Oriental supervisaba todo lo que hacían los disidentes. México no es Corea del Norte, no es Cuba; tampoco Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, que enfrentan constantes ataques del fundamentalismo islámico.
El Estado mexicano debe vigilar a los verdaderos criminales, a los cárteles del narcotráfico, a los grupos radicales que buscan desestabilizar la paz social, no a lo mejor que tenemos, nuestros intelectuales, investigadores y comunicadores.
No quisiera imaginar qué tan extendido está el espionaje a nivel de los gobiernos estatales e, incluso, de las grandes corporaciones, ya que existe el antecedente de un investigador que recomendó imponer un mayor impuesto a los refrescos por su impacto en el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, y cuyo celular también fue atacado.
Necesitamos mayor control ciudadano sobre el gobierno y sus aparatos de seguridad nacional. Es una condición fundamental para preservar lo que hemos ganado a través de una lucha de muchos años: la capacidad de cuestionar lo público e imaginar la posibilidad de un mejor país para todos. Atentan contra ello al matar la libertad, matar la democracia. ¿Qué nuevas sorpresas nos deparará el gobierno de Peña Nieto?
