El colapso presidencial
En febrero de 2013, en plena euforia por el Pacto por México, el analista político Sabino Bastidas advertía sobre algunos errores de Peña Nieto que podrían llevar al fracaso las reformas estructurales que impulsaba su gobierno. Uno de ellos era la “tentación por la popularidad”. Bastidas escribía: “No hay reformador simpático. Nadie puede reformar y al mismo tiempo ganar un concurso de popularidad. Reformar es afectar, es perturbar. El riesgo de Peña es caer en la tentación de optar por el aplauso. La conciliación, la devoción por el consenso y la aversión al conflicto y a la confrontación no son cualidades de un buen reformador. Para reformar hay que enfrentar”. Lo contrario, señalaba, “podría llevar a deslavar las grandes reformas y convertirlas en una simulación”.
Lo anterior parecía una premonición de lo que está sucediendo con la reforma educativa. El Presidente consideró que con poner de su lado a la opinión pública (en su mayoría favorable) lograría consolidar la que, de acuerdo con sus propias palabras, es “la reforma estructural más importante”. Pero se olvidó de los enemigos, de los poderes fácticos que se resisten al cambio.
Decía Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe”, ese texto que a más de 500 años de su publicación sigue siendo profundamente vigente, que “los hombres tienen menos cuidado en ofender a un príncipe que se haga amar que a uno que se haga temer; porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse”. El problema es que a Peña Nieto ni lo aman ni le temen.
México vive una preocupante situación de desorden social con rasgos de ingobernabilidad en diversas regiones del país. Por todas partes –grupos sociales en conflicto, organizaciones criminales, grupos políticos– violan sistemáticamente la ley porque se saben amparados por la impunidad, por la incapacidad congénita de este gobierno para imponer el Estado de derecho y utilizar la violencia legítima, la fuerza de las instituciones, en contra de los infractores. ¿Quién le teme al Presidente?
La CNTE, el sector magisterial radical, ya señaló con claridad qué pretende con su movilización que comprende bloqueos carreteros, destrucción de vehículos y edificios públicos, boicot a las actividades económicas, enfrentamientos con las fuerzas del orden: derogar la reforma educativa. Sus líderes han anunciado que este lunes no iniciarán clases en los estados donde tienen mayor presencia: Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.
Dicen los teóricos que “el capital político” es para “gastárselo gobernando”. El problema es que Peña Nieto tiene muy poco capital; sólo 23% de los mexicanos aprueba su gestión. El Presidente teme gastar ese poco capital que le queda con una acción contundente en contra de la revuelta magisterial. Está cuidando cada punto porcentual de popularidad pensando en las elecciones del Estado de México el próximo año, comicios vitales para lograr una mejor posición en la disputa por el 2018.
Ni él ni sus Secretarios de Gobernación y Educación Pública, como tampoco los encargados de las áreas de inteligencia y seguridad de su gobierno, saben que hay una regla política básica: el capital político invertido en una acción correctiva de algo que afecta profundamente a la sociedad –como el desafío de los radicales de la CNTE– se recuperaría rápidamente, e incluso se traduciría en mayor popularidad en el corto plazo, por el consenso de la inmensa mayoría de los mexicanos hartos de la violencia y de la afectación al derecho a la educación de los niños. Por cierto, el interés superior de la niñez es el que tiene mayor jerarquía en todo el entramado jurídico mexicano e incluso en las normas y tratados internacionales. Pero en México esto pasa a segundo plano.
Continúan las tímidas amenazas del Presidente, del Secretario de Gobernación, de utilizar la fuerza pública para restablecer el orden en las entidades afectadas. Nadie cree, a estas alturas, que el gobierno esté dispuesto a pasar de las palabras a los hechos. La percepción cada vez más extendida, es que los maestros disidentes ya echaron para atrás la reforma educativa, en una peligrosa pedagogía que muestra que con acciones violentas se puede echar para atrás la ley y doblar a un Estado débil, tolerante, inoperante.
Las condiciones son aún más adversas para la institución presidencial debido a la reciente revelación del periódico británico The Guardian sobre una presunta propiedad de la esposa del Presidente Peña Nieto en Miami, Florida, relacionada con un empresario mexicano. Se refuerza la visión de un gobierno profundamente corrupto, uno de los talones de Aquiles de esta administración.
Todo indica que el gobierno perdió la batalla, y con ello perdimos todos los mexicanos que queríamos una mejor educación para los niños de este país.
