Coneval vs INEGI
La decisión de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal de medir los niveles de pobreza en México, hecho que tuvo lugar a inicios de la administración de Vicente Fox, constituyó un cambio de paradigma en la evaluación y diseño de las políticas públicas.
El país, por primera vez, contaba con una valiosa herramienta para saber dónde estábamos instalados en materia de bienestar social y cuáles eran nuestros principales retos. En 2004 se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y se le asignó la tarea de medir la pobreza cada dos años.
En 2008 este Consejo –conformado por académicos e investigadores de sólido prestigio- decidió dar un paso hacia delante e iniciar la medición multidimensional de la pobreza, una metodología que colocaba a México a la vanguardia en el contexto internacional. La pobreza revelaba su verdadero rostro: una persona estaba en esta condición ya no sólo por contar con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de satisfactores, sino también por carecer de acceso a una serie de derechos sociales establecidos en la Constitución: educación, salud, seguridad social, alimentación, una vivienda bien construida y con servicios.
La medición de la pobreza impacta decisiones gubernamentales fundamentales: permite definir qué tipo de intervenciones son las más adecuadas para cerrar las brechas sociales, identificar a nivel territorial dónde se ubican los mayores retos, focalizar las políticas públicas hacia los grupos más vulnerables. Es un insumo sustancial para definir el gasto social así como la asignación de fondos federales a los municipios y las entidades federativas, algunos tan importantes como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dotado de 62 mil millones de pesos. La medición de la pobreza les permite a los ciudadanos calibrar qué tan eficaz es la acción de sus autoridades, lo que facilita el proceso de evaluación y rendición de cuentas. Gracias al Coneval, México pudo contar con una serie histórica de pobreza desde 1992 hasta 2014, año de la última medición oficial.
Por todo lo anterior cobra una especial dimensión la polémica que está confrontando al Coneval con el INEGI, relacionada con un cambio en la metodología para medir los ingresos de los hogares más pobres.
Pero, permítanme regresar a la raíz de este conflicto y que tiene que ver con el relevo en la Presidencia del INEGI a la salida de Eduardo Sojo, un funcionario que realizó una excelente labor al frente del Instituto. El arribo de Julio Santaella, un personaje cercano al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, despertó sospechas sobre la intención del gobierno de “recuperar el control” de este organismo, la gran fábrica de información para el diseño de políticas públicas en México.
Una de las primeras medidas que tomó Santaella fue revisar la manera como se aplica el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), anexo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que es la materia prima con la que el Coneval lleva a cabo la medición multidimensional de la pobreza. Una de las variables del MCS es el ingreso de los hogares. El INEGI, según su propia versión, atendió diversas observaciones sobre el “subreporte” de ingresos de los hogares del primer decil, y decidió realizar varios “barridos” sobre aquellos que no declaraban recursos en 2015. El resultado: el ingreso de los más pobres es 33.6% más alto, lo que se traduce en 11 millones de personas menos en condición de pobreza. Santaella ya demostró a qué vino al INEGI. Coneval protestó inmediatamente señalando que el cambio de metodología se hizo a sus espaldas y, además, que rompe con la comparabilidad de la información hacia años anteriores.
El debate tiene profundas implicaciones técnicas pero también políticas, porque tiende un velo de sospecha sobre la imparcialidad del INEGI, y quiebra la confianza sobre los datos oficiales de pobreza. La torpeza de los nuevos directivos del INEGI tendrá costos para todos. Echa por la borda años de esfuerzos para consolidar el prestigio y la credibilidad de estas dos instituciones centrales para el diagnóstico, la evaluación y la toma de decisiones en materia de política pública.
Un gobierno, como el de Peña Nieto, acosado por la impopularidad y desesperado por dar buenas noticias, ha tomado una decisión cuestionable. Sin mover un dedo, sin mejorar sus programas sociales, sin generar empleos de calidad, sin aterrizaje pleno de las reformas estructurales y sin tasas de crecimiento más altas, el gobierno de Peña Nieto ya logró en las estadísticas lo que no ha podido lograr en la realidad: bajar la pobreza. El debate se ha polarizado y tendrá un importante impacto mediático en los próximos días. Estaremos pendientes.
