Coyuntura crítica
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha derrotado al gobierno en las calles. De nada sirvió la amenaza del Secretario de Gobernación de utilizar la fuerza pública para retirar los bloqueos carreteros promovidos por el magisterio disidente y los grupos radicales que lo apoyan. De nada sirvieron las quejas de los empresarios, el desabasto de productos básicos que ha afectado sobre todo a los más pobres en Oaxaca y Chiapas; de nada sirvió el amplio apoyo expresado por el grueso de los medios y la opinión pública a favor de la implementación a fondo de la reforma educativa.
Un gobierno titubeante, impopular, dueño de un escaso bono democrático, ha decidido sacrificar la reforma “más importante” de este sexenio (en voz del propio Presidente) para evitar que escale el conflicto. Inteligentemente, la CNTE concentró sus acciones donde más duele: la Ciudad de México, centro neurálgico del poder político y económico del país, desquiciando la vida cotidiana con movilizaciones que han generado una profunda irritación social.
En los próximos días, ojalá me equivoque, podríamos ver algo lamentable: la negociación de los términos de la evaluación educativa –corazón de la reforma-, y cómo los grupos violentos quedan exentos de toda aplicación de la ley por los graves daños provocados a la educación de los niños, la infraestructura, la economía. Seguimos instalados en el reino de la impunidad.
Es una derrota política para el gobierno, es una derrota para la moral pública, es una derrota para el Estado de derecho, es una derrota para quienes demandamos una educación pública pertinente para dotar a los niños de las habilidades que les permitan escapar de las cadenas de la pobreza. Es una derrota para la democracia.
El panorama político se complica, además, por las maniobras de los gobernadores priístas salientes de Quintana Roo y Veracruz para blindarse, con el apoyo de sus congresos locales a los que controlan a modo, de cualquier investigación futura de malversación de fondos públicos. Para ello han creado Fiscalías Anticorrupción de carácter transexenal encabezadas por incondicionales que les garantizan absoluta impunidad. En tanto César Duarte, el gobernador de Chihuahua ha recibido el aval de la legislatura estatal –dominada por el PRI y sus aliados- para contratar deuda pública por seis mil millones de pesos. El panista Javier Corral, quién ganó los comicios locales en junio pasado, dijo que la deuda en la entidad que gobernará a partir de octubre llega a 50 mil 700 millones de pesos que servirán para tapar “hoyos negros del despilfarro y dispendio del gobierno saliente”. Qué falta de vergüenza.
Lo indicado sería que las legislaturas locales dejen de aprobar deuda, es más que entren en receso durante el periodo que se abre entre el proceso electoral y la toma de posesión de las nuevas autoridades. ¿Quién para a los gobernadores? Parece que no será el Presidente Peña Nieto quien, con su persistente silencio, muestra un débil compromiso con la transparencia.
En otro frente abierto, esta vez el económico, la Secretaría de Hacienda aplicó un incremento al precio de las gasolinas. Luego se quejan de que la gente desconfíe del gobierno. Pues cómo no, si en su mensaje de Año Nuevo, el 5 de enero del año pasado, Peña Nieto anunció el “fin de los gasolinazos”. Por otra parte, las tarifas de electricidad también se han incrementado afectando la economía popular y al sector productivo.
¿Dónde están los prometidos beneficios de la reforma energética? En tanto el reciente recorte al presupuesto por casi 32 mil millones de pesos afecta áreas vitales como educación, ciencia y tecnología, salud y desarrollo social, mientras el gobierno sigue gastando mal, cargando el peso de una enorme e ineficaz burocracia, haciendo ejercicios de presupuestación “base cero” que no abonan a una reingeniería efectiva de las políticas públicas.
Si bien el Poder Legislativo, a veto del Presidente, eliminó del Sistema Nacional Anticorrupción la absurda pretensión de imponer la Ley 3 de 3 a los empresarios, todavía sigue abierto el conflicto con la jerarquía católica por el tema de la aprobación de los matrimonios igualitarios.
Estamos en un momento complicado que exige del gobierno federal serenidad y recuperar la brújula de la legalidad y las buenas decisiones, y donde se requiere gran responsabilidad de todos los actores políticos, pues lo que está en juego no es quién se queda con el poder, sino el país mismo.
Los ciudadanos no podemos bajar la guardia. Debemos seguir promoviendo nuestra agenda, que no es otra que exigir rendición de cuentas a la partidocracia y a todos aquellos que ocupan cargos de elección popular; respeto a la legalidad; congruencia de las autoridades; presionar al gobierno federal para que no ceda ante los poderes fácticos. Construir un México mejor.
