Conflicto magisterial
Bloqueos carreteros, ataques a la infraestructura pública, saqueos a establecimientos comerciales, desabasto de productos básicos que afectan sobre todo a los más pobres, control territorial de grupos subversivos, altísimos costos para el sector productivo, empresarios irritados con un gobierno incapaz de imponer el orden, daños irreversibles a la educación de los niños… y la lista podría continuar.
El desafío que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los grupos extremistas vinculados a ella le han planteado al gobierno, ha generado un escenario de crisis de gobernabilidad en entidades como Oaxaca y Chiapas, que amenaza con extenderse a Guerrero y Michoacán e incluso otras regiones del país.
¿Cómo llegamos a este punto? El centro de la disputa es la reforma educativa. La reforma estructural más importante del sexenio –dicho por el Presidente Peña Nieto– se propone, esencialmente, romper la inercia de un sistema educativo público profundamente ineficiente, incapaz de generar el capital humano de calidad que exige una economía basada en el conocimiento.
Los niños mexicanos ocupan los últimos lugares en las pruebas de matemáticas y lectoescritura entre los 33 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la que México pertenece, y viven secuestrados por un sistema educativo mediocre que no les brinda herramientas para romper el círculo vicioso de la pobreza e insertarse competitivamente en el mercado de trabajo.
De acuerdo con los teóricos del desarrollo, la educación es la capacidad que más influye en la movilidad social, al tiempo que abre la posibilidad de mejorar los ingresos para vivir una vida autosuficiente, digna y plena. El sistema escolar actual niega, tajantemente, estos horizontes.
La reforma educativa tiene también un componente político: a través de la evaluación y la profesionalización continua del personal docente le asestó un golpe mortal al control que la CNTE –una organización no gremial, sino política– ejercía sobre las plazas (antes vitalicias y hereditarias), cortándole así una fuente de acceso a millones de pesos de presupuesto. Tal era el caso de la sección 22 de la Coordinadora, que durante más de 20 años tuvo en sus manos el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. La reforma rompió el flujo de dinero y privilegios hacia sus bases, conformadas más por activistas políticos que por docentes. La educación era un pretexto, un accidente; el objetivo central de la CNTE es formar cuadros para la revolución anticapitalista, sentar las bases para la insurrección social, tumbar al gobierno.
Lo que hoy está ocurriendo en el sureste mexicano es inaceptable. Cuando estudié ciencia política aprendí de Max Weber un principio esencial: el Estado es el dueño del monopolio legítimo de la violencia. Y esto es precisamente lo que no está sucediendo. El gobierno mexicano ha tolerado la violencia ilegítima que ejercen grupos facciosos de todo tipo –gremiales, sociales, políticos o criminales– en provecho propio, desafiando la legalidad, la convivencia pacífica y el respeto a las instituciones.
La CNTE no quiere diálogo alguno para ver, como dice el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, “cómo implementar la reforma educativa”. Su lucha no es contra la “privatización de la educación pública” (me pregunto qué inversionista, bajo qué lógica de rentabilidad, estaría interesado en hacerse de una escuela primaria en Oaxaca). Su interés real es quebrar las instituciones, generar anarquía, tomar el poder, crear “gobiernos populares autónomos” en los territorios que controla. Se acabó la simulación: los propósitos de la CNTE son claros y requieren de una respuesta contundente.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha declarado que el gobierno actuará “en breve” para desbloquear las vías de comunicación y restaurar el orden público. Estamos al borde de decisiones de Estado muy delicadas no sólo para garantizar la educación de los niños, sino también para proteger la seguridad nacional. Siete de cada 10 mexicanos aprueban la reforma educativa; los empresarios, la sociedad civil, los líderes de opinión, las autoridades locales, los ciudadanos, reclaman que el gobierno actúe para recomponer la gobernabilidad en las zonas de conflicto, poniendo coto a la CNTE y a los grupos subversivos que abriga.
Todos esperamos que la utilización de la fuerza pública se realice atendiendo los protocolos de respeto a los derechos humanos, buscando el menor daño colateral sobre la población civil y creando eventuales espacios de diálogo.
Ojalá que los cálculos políticos o de popularidad de actual gobierno no pospongan las soluciones, porque el reclamo colectivo es actuar, ya.
