Sistema Nacional Anticorrupción
Ha sido ciertamente una ruta accidentada la seguida por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Desde el anuncio de su creación por el Presidente Peña Nieto el 30 de marzo de 2012, en plena campaña política, hasta la reciente aprobación de las últimas dos leyes (de las siete que integran dicho Sistema) por parte del Senado de la República, transcurrieron poco más de cuatro años.
Ello no hace más que revelar la enorme resistencia a la transparencia que muestran la clase política, la partidocracia y ciertos núcleos gubernamentales, respecto a un tema que tiene profundas implicaciones éticas, jurídicas, sociales, económicas y políticas.
En el mencionado periodo de espera ocurrieron muchas cosas: el escándalo de las “casas blancas”; la sospecha de opacidad sobre el actual grupo gobernante que ha hecho de los contratos de obra pública una fuente de enriquecimiento; la transformación del tema de la corrupción en una variable con enormes costos político-electorales para el Presidente y el PRI (hecho que se pudo constatar en los comicios locales del 5 de junio pasado y que seguramente gravitará en 2018); y la escalada ascendente de una sociedad civil que reunió 630 mil firmas ciudadanas e influyó de manera decisiva en la definición de los contenidos del SNA.
Más allá de aspectos que no satisfacen enteramente nuestras expectativas y de que durante los próximos meses tendrá lugar un complicado proceso de negociaciones legislativas para terminar de construir el nuevo entramado anticorrupción, lo cierto es que estamos –como señala el experto en temas de transparencia del CIDE, Mauricio Merino– ante “la mayor modificación que haya tenido la administración pública mexicana en décadas”.
Cuando el Sistema se haya puesto en operación (se calcula que dentro de un año), contaremos con mejores instrumentos para hacer efectivo el derecho a la información, y con esquemas reales de fiscalización sobre aquellos actores que manejan recursos públicos; tendremos, por fin, “dientes” apropiados para castigar a los corruptos por la vía administrativa y penal.
El nuevo Sistema, aprobado por el Poder Legislativo y acompañado de una movilización civil sin precedentes, apunta directamente hacia la principal característica de la corrupción: la impunidad; y si ésta se acaba de manera efectiva, será una gran noticia para la democracia y para quienes estamos a favor de los gobiernos abiertos.
El SNA empodera a los ciudadanos, que contarán con un comité de participación encargado de vigilar la operación del Sistema, y amplía las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, misma que dispondrá de atribuciones para vigilar el destino de las participaciones federales que reciben estados y municipios (este año, tan solo estos niveles de gobierno estarán recibiendo casi 62 mil millones de pesos para infraestructura social, cifra que gastan con total discrecionalidad). Asimismo, el nuevo instrumento deja al Senado la ratificación del nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública (quien ya no será un empleado del Presidente), todo lo cual evidencia que nos hallamos frente a una serie de avances innegables.
Resulta cuestionable, sin embargo, la decisión de hacer obligatoria a empresarios la iniciativa llamada “3 de 3” (que implica la declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses), en lo que parece una especie de venganza del PRI y su aliado el Verde Ecologista contra la COPARMEX por su abierto respaldo al SNA (los empresarios está hartos de pagar comisiones a funcionarios corruptos para el otorgamiento de contratos de servicios y obra pública). Es absurdo que la obligación de presentar la triple declaración alcance eventualmente a becarios, pensionados y beneficiarios de programas sociales, y es francamente insatisfactorio que se hayan impuesto restricciones para que la hagan pública funcionarios de gobierno, arguyendo posibles violaciones a la privacidad y riesgos para su seguridad personal. No obstante, el avance es significativo.
Nos aguardan todavía procesos clave. Uno de ellos es el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, del cual debemos asegurarnos que sea un personaje con total autonomía política para garantizar la imparcialidad de sus acciones. Otro consiste en la selección de los integrantes del Comité Ciudadano, donde es preciso evitar en todo lo posible la injerencia de la partidocracia. Como país, tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica para demostrar nuestro compromiso con la democracia, la modernidad política, la ética, la transparencia y el buen gobierno.
No permitamos que esta iniciativa se desvirtúe en el mar de los intereses políticos y en el poder de las burocracias. Toca a los ciudadanos vigilar que el Sistema Anticorrupción llegue a buen puerto.
