En el marco de la inauguración del Tianguis Turístico, en la ciudad de Guadalajara, el pasado 26 de abril, el presidente, Enrique Peña Nieto, aseguró que en el país prevalece “un mal humor social” pese a que “hay muchas razones y muchos argumentos para decir que México está avanzando”.
Seguramente el comentario del presidente obedece al desánimo social que observan los estudios de opinión elaborados por distintas casas encuestadoras. Estos seguimientos, cada vez más sofisticados y metodológicamente precisos, son el punto de referencia para pulsar lo que piensan los ciudadanos, su percepción de la cosa pública, de la calidad y eficacia de las acciones que implementan las autoridades para resolver los problemas más acuciantes.
Peña Nieto inició su administración con altos niveles de consenso ciudadano. De acuerdo con Consulta Mitosfky, el presidente cosechaba niveles de aprobación de 53% en febrero de 2013. El Pacto por México había logrado sentar a la mesa a las principales fuerzas políticas para acordar una agenda básica de reformas estructurales. Se proyectaba la imagen de un presidente con el suficiente liderazgo político para romper el desgastante ciclo de desacuerdos que había paralizado los cambios que demandaba el país.
La “luna de miel” con la opinión pública fue corta. Vino a continuación el estancamiento de la economía, la epidemia de violencia en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, el asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa, la multiplicación de casos de desaparición forzada, las sospechas de corrupción y el conflicto de intereses hacia el presidente y destacados integrantes de su gabinete. A ello siguió el bloqueo legislativo a algunas de sus principales iniciativas en materia de seguridad, como el mando único de policía.
La frase del presidente en Guadalajara exhibe desesperación ante una ciudadanía que “no entiende sus esfuerzos”. Hay una fractura entre la lectura que él tiene del país y la percepción de la inmensa mayoría de la población. De acuerdo con Consulta Mitosfky, la aprobación al presidente a febrero de 2016 cayó al 33%, 20 puntos menos que hace tres años. 6 de cada 10 mexicanos considera que el país va por un rumbo equivocado, 66% que las cosas se le han salido de control al gobierno. La economía, la inseguridad y la corrupción siguen a la cabeza de los temas que más inquietan a la población.
Peña Nieto no entiende que el “bono político”, que el acuerdo social, se logra no con discursos ni campañas de comunicación social, sino con resultados tangibles. El número de eventos públicos en los que participa el presidente no tiene precedentes. Sus publicistas no comprenden que cantidad no es calidad y que la sobreexposición mediática de Peña Nieto no necesariamente se traduce en mayores simpatías del ciudadano de a pie.
¿Cómo no va a existir malestar social frente a una economía que crece a tasas muy por debajo de lo prometido al inicio del sexenio, frente a los recortes presupuestales, el creciente endeudamiento público, la devaluación del peso, el crónico déficit en la generación de empleos de calidad, la posible quiebra de Pemex y CFE; frente al incremento irracional de los precios de la canasta básica de alimentos? Un kilo de limón cuesta hoy, en algunas regiones del país, el equivalente a un día de salario mínimo.
¿Cómo no va a crecer el disenso frente a cifras oficiales triunfalistas sobre la reducción de los delitos de alto impacto mientras el ciudadano se enfrenta en su día a día a asaltos, secuestros y extorsiones del crimen organizado?
¿Cómo no van a estar irritados los ciudadanos frente al bloqueo legislativo del PRI y su aliado, el Partido Verde, a la aprobación de un auténtico sistema anticorrupción que las organizaciones de la sociedad civil están buscando empujar con el respaldo de 650 mil firmas? ¿Cómo no estar molestos frente a los legisladores que privilegian su tiempo para dedicarse a las campañas políticas en proceso en vez de convocar a un período extraordinario? ¿Cómo no indignarse que, frente al reclamo de senadores de convocar a un período extraordinario hasta julio violaba lo establecido en el decreto de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el senador Emilio Gamboa les contesto “aquí violamos la Constitución todos los días”?
La satisfacción de los ciudadanos con el quehacer de sus autoridades, la popularidad, se gana generando bienes públicos, actuando con transparencia, liderando la democracia y el ejercicio de la legalidad, garantizándole a cada mexicano el ejercicio efectivo de sus derechos sociales, la posibilidad de un trabajo decente, cerrando las brechas de pobreza y desigualdad que tanto nos lastiman. Lo demás son discursos, como el de Guadalajara.
