La corrupción es un grave desafío y si las actuales autoridades creen que con discursos altisonantes y cortinas de simulación es suficiente para calmar el agravio social, se equivocan. Se requieren, con carácter urgente, nuevos entramados institucionales, leyes más severas, una más decidida participación de la sociedad civil.
Desentenderse de este grave problema, no darle un tratamiento político y legal adecuado, llevará a que se impongan las voces estridentes que proponen darle una solución al margen de las instituciones, por la vía del “hombre fuerte”, del “líder carismático”. El 2018 puede ser ganado por aquel candidato que mejor capitalice la irritación social contra la corrupción.
De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, el país se ubica en el lugar 95 entre 165. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale a 9% del Producto Nacional Bruto; el INEGI calcula que alcanza un monto de 347,000 millones de pesos al año.
De acuerdo con las Naciones Unidas, “la corrupción afecta infinitamente más a los pobres, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, distorsiona los mercados y desalienta la inversión, socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
Los altos niveles de impunidad que prevalecen en México (95% de los delitos no se castigan, es más ni siquiera llegan al ámbito de una autoridad judicial) son el principal combustible de la corrupción.
En este marco, cabe la pena destacar el esfuerzo que están realizando los promotores de la Iniciativa Ciudadana de Ley 3 de 3. Se trata de un colectivo de investigadores y académicos que impulsa una iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual deberá suceder a más tardar en mayo de 2016.
Dicha Ley establece, además de la obligación de presentar las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, directrices para la conducta ética de los servidores públicos, un marco de responsabilidades único para los tres órdenes de gobierno y los órganos autónomos, porque hoy prevalece una enorme disparidad normativa.
Propone, además, medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción; mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima; una clasificación de los 10 actos de corrupción más graves (soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción).
Promueve dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables; crear una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación; sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción.
Como lo señalan sus promotores, esta “Iniciativa de Ley busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país: funcionarios y políticos que antepongan los intereses de México a los suyos”. Para que esta legislación avance como iniciativa ciudadana en el Congreso, se requieren al menos 120 mil firmas de apoyo las cuales se están recabando en la página http://tresdetres.mx. Aquí hay que reconocer el trabajo hecho en Sonora por la COPARMEX y por Sonora Ciudadana, A.C.
Soy un convencido de que México puede ser más próspero, equitativo y justo, tener mejores gobiernos, una clase política más honesta y eficaz, si le ponemos alto a la impunidad y la corrupción.
Es hora de pasar de la denuncia y la indignación, a la acción.
Yo, ya firmé.
