El Instituto Nacional Electoral (INE) multó el pasado miércoles con 322.4 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Con ello, acumula sanciones por más de 517 millones de pesos, cifra superior a los 444.7 millones de pesos de financiamiento público que recibió para este año.
Se trata de la segunda sanción más alta de la historia electoral de México, después de los 1,000 millones de pesos con los que el entonces IFE multó al PRI por el desvío de recursos del sindicato de PEMEX a la campaña presidencial de Francisco Labastida en el año 2000.
Las violaciones cometidas por este partido, tarjetas de descuento, papel para envolver tortillas, cineminutos y boletos para el cine, spots ilegales sobre que “el Verde sí cumple” pagados por los grupos parlamentarios, de una interminable lista, “afectan el principio de equidad en las contiendas y deben ser castigadas con absoluta severidad” de acuerdo con el Lorenzo Córdova, Presidente del INE.
A ello se suma una campaña desde las redes sociales (Change.org, Exigimos que #QuitenRegistroAlVerde) que ha recabado cerca de 150 mil firmas, lo que muestra la molestia de los ciudadanos con este partido.
No quisiera dejar pasar la oportunidad de destacar la importancia creciente que viene adquiriendo esta plataforma de carácter global para promover y defender distintas causas desde la sociedad civil. La existencia y consolidación de Change.org ha llevado a algunos a afirmar que “Nunca antes en la historia la gente tuvo tanto poder”, que “Gracias a Internet, cualquier persona puede cambiar el mundo con un clic”. Invito a mis lectores a visitarla.
El PVEM, por su parte, ha anunciado que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para impugnar estas sanciones “injustas” que “buscan limitar su libertad de expresión”.
El exorbitante monto de las sanciones, pensarán muchos, pone en riesgo la viabilidad del Verde. No, no es así. Este partido tiene asegurado para los próximos tres años un financiamiento público de al menos 1,200 millones de pesos. Ya solicitó una línea de crédito por 150 millones de pesos a Grupo Financiero Interacciones, dejando en garantía precisamente las prerrogativas que recibirá del INE.
Mientras un pequeño o mediano empresario sonorense enfrenta enormes obstáculos para conseguir recursos bancarios que le permitan poner en marcha un proyecto o incluso sobrevivir, los partidos tienen muchísimo dinero público, pagado con nuestros impuestos, que les permite convertirse en buenos sujetos de crédito. Qué mal, de verdad, que mal estamos.
En estos meses, el Verde ha desplegado una de las estrategias de mercadotecnia política más vistosas y eficaces que se recuerden, sustentada en temas que resultan sensibles para la ciudadanía. ¿Quién puede estar en desacuerdo con el endurecimiento de las sanciones a los secuestradores? ¿a la falta de empleo y oportunidades educativas para los jóvenes? ¿a las clases de inglés y computación en escuelas públicas? ¿a la pésima atención en las instituciones de salud? Nadie, por supuesto.
El problema es que esta campaña se realizó infringiendo reiteradamente la ley electoral, desafiando al INE, al Tribunal Electoral, enfrentando multas de cientos millones de pesos, irritando a la opinión pública. Estamos ante una operación política perfectamente calculada, ante una fría estimación de costos y beneficios.
De acuerdo a encuestas, el PVEM tiene aproximadamente el 10% de las preferencias electorales (se disputa con Morena la condición de cuarta fuerza política nacional), que sumadas al 30% en promedio que trae el PRI, le aseguraría a esta coalición (sin considerar los votos que puede aportar Nueva Alianza) la mayoría en la Cámara de Diputados en los próximos comicios. Se trata de conseguir el control de la Cámara Baja.
La envoltura es distinta, la esencia y los propósitos los mismos: el control del poder y del dinero público, el botín más preciado para la partidocracia.
