La presión era ya insoportable. Estábamos ante una crisis de gobernabilidad, ante un Presidente que, como dice The Economist, le dio prioridad a las reformas estructurales y olvidó “la ley y el orden”. Frente a un gobierno enfrentado a una severa crisis de legitimidad, asediado por una protesta social cada vez más violenta, y frente a una sociedad dominada por la desconfianza.
Efectivamente, los hechos de Iguala, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, marcaron un antes y un después en la vida del país. México ya no podía ir por la misma ruta, había que proponer cambios de fondo, dar un “manotazo en la mesa”, tomar medidas radicales e inmediatas ante la violencia, la ilegalidad, la descomposición de la seguridad pública, la corrupción generalizada y el descrédito de las instituciones, entre ellas la institución presidencial, eje de las decisiones de poder en México.
Un Peña Nieto visiblemente agotado (el poder acaba), presentó el pasado 27 de noviembre una estrategia denominada “Por un México en paz con justicia y desarrollo” ante todos los gobernadores y la cúpula política. Por cierto, no estuvieron convocadas las organizaciones ciudadanas, sólo el poder político y económico.
Anunció la decisión de enviar este lunes una iniciativa de reforma constitucional que facultará al Congreso a expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Se trata de una medida extremadamente audaz que faculta a la Federación a “asumir el control de los municipios o disolver ayuntamientos cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada”.
Una medida aparentemente positiva en un contexto donde existen muchos gobiernos municipales sujetos a sospecha de nexos con los grupos criminales. Es en ese nivel gubernativo donde se genera gran parte de la violencia que sufre el país.
Sin embargo, diversos analistas consideran que se trata de una medida claramente “centralista” que convierte a los municipios en “chivos expiatorios” de la situación de inseguridad que vive el país. Espero que el gobierno haya evaluado suficientemente las implicaciones de esta iniciativa que vulnera la autonomía municipal y los equilibrios del pacto federal.
El Presidente Peña Nieto anuncia que enviará también una iniciativa de reforma constitucional que “redefine y da claridad a todo el sistema de competencias en materia penal” para que los gobiernos locales no rehuyan su responsabilidad en temas como el combate al narcomenudeo, “una de las principales causas de la infiltración del crimen organizado en las estructuras policiales municipales”. La pregunta es ¿dónde quedan en la propuesta del Presidente las procuradurías estatales que son también ejemplo emblemático de corrupción e ineficiencia? Una vez más los municipios como “chivos expiatorios”.
Se menciona una tercera iniciativa de reforma a la Constitución para disolver las mil 800 policías municipales que actualmente existen en el país, “débiles, corrompibles por la delincuencia” y crear 32 corporaciones de seguridad estatal “más confiables, profesionales y eficaces”.
Nuevamente se evidencia una intención “centralizadora” que busca desarticular las fuerzas de seguridad municipales que, debidamente capacitadas, bien pagadas y bajo protocolos adecuados de confianza, como demuestran las experiencias internacionales, podrían ser claves para desarrollar “policías de barrio”.
Una policía distante, que no sea capaz de tomarle el pulso a la dinámica social a nivel territorial, que no esté cercana a los fenómenos que generan la inseguridad en cada colonia y localidad rural, entre ellos las conductas de riesgo que enfrentan los jóvenes que hoy por hoy constituyen el principal segmento que nutre a los grupos delincuenciales, que no dialogue y se gane a la gente, de poco servirá.
El diario español El País señala que las medidas anunciadas han creado frustración entre los mexicanos. Ojalá que el Presidente Peña Nieto reaccione a tiempo y ofrezca acciones concretas e inmediatas de combate al crimen y la corrupción, antes que los mexicanos agotemos las últimas gotas de esperanza.
