Sonora vive su peor desastre ambiental con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas al rio Bacanuchi. El siniestro ocurrió el pasado 6 de agosto y a la fecha no se tiene claro las diferentes implicaciones y consecuencias de esta tragedia para la zona serrana norte del estado.
Los hechos dados a conocer en los medios de comunicación locales y nacionales desmienten, tajantemente, lo afirmado por el responsable Grupo México, en el sentido de que la solución ácida de sulfato de cobre arrojada al río “no es un desecho o residuo peligroso”. Lo cierto es que la emergencia puede tener grandes consecuencias para las comunidades y sus habitantes, desde aspectos ligados a la salud, al medio ambiente hasta los temas productivos y comerciales.
Mientras tanto el debate y la tensión suben de volumen: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha demandado que se suspendan las actividades de la mina Cananea, la PGR ha decidido encabezar los peritajes para fincar posibles delitos de carácter penal, mientras crece la molestia y protesta ciudadana de los habitantes de los municipios afectados.
Quisiera dejar el relato de aspectos ya muy conocidos por nuestros lectores para concentrarme en algunas reflexiones y lecciones sobre lo sucedido.
Hoy sobran las preguntas y faltan las respuestas. Se tienen importantes dudas sobre las implicaciones de la vertientes de prevención, atención a la emergencia, valoración de los daños causados y su reparación.
Resulta muy preocupante que el derrame se haya dado a partir del rompimiento de una represa. Y aquí empiezan las preguntas: ¿qué sucedió con la supervisión gubernamental de esta represa? Hoy tenemos información de que problemas en su construcción causaron el desastre. ¿Cuál es el programa de identificación y supervisión de riesgos que se tiene en la empresa minera y quiénes son los responsables gubernamentales de revisarlos? ¿Cuándo fue la última vez que se supervisó esta represa y cuál fue el informe ofrecido? ¿Cómo están siendo supervisados éste y otros riesgos en la empresa minera y en otras compañías con elevados riesgos de contaminación? Hay muchas respuestas pendientes de parte de las autoridades responsables.
En materia de atención a la emergencia, también se deja mucho que desear. No se identificaron protocolos de actuación, ni valoraciones preliminares de daños, menos se tuvo y ha tenido una estrategia acertada de comunicación ni con la población afectada ni con la población en general. Se identifica una ausencia de coordinación entre las autoridades, donde se requiere una instancia que unifique y ordene los esfuerzos. La autoridad federal ha actuado demasiado lenta y de forma tímida. Grupo México menosprecio el impacto y quiere reaccionar después de mucho tiempo perdido.
Y no hablemos de la valoración de los daños y sus consecuencias, menos de los planes de reparación de los mismos. Está claro que el mayor impacto va a ser productivo y comercial, en una zona que vive de lo que producen sus tierras y ganado. La desconfianza comercial de los mercados locales, nacional o internacionales, en el caso del ganado, pueden implicar grandes cantidades de pérdidas en dinero y tiempo.
El desastre ecológico del Río de Sonora puede ser una oportunidad para analizar y fortalecer la capacidad del estado mexicano para meter en cintura a las empresas, obligándolas a acatar tanto las leyes nacionales como los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, un código ético que compromete a las corporaciones privadas, entre otros aspectos, “a fomentar una mayor responsabilidad ambiental y favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente”.
No podemos dejar solos a nuestros hermanos de los municipios afectados. Todos debemos exigir y estar al pendiente que se les atienda y resuelvan los problemas con oportunidad y suficiencia. Es la hora de que los ciudadanos vigilen activamente el proceso, es momento de proponer sanciones y acciones efectivas de corto, mediano y largo plazos de reposición del daño, y promover una auditoría ambiental independiente desde la sociedad civil.
Primero nuestra gente, no el poder de las empresas privadas. Es un asunto de responsabilidad política y de apego al interés público. ¿Se imaginan que esta tragedia ecológica hubiera sucedido en los Estados Unidos?
