Las instituciones regulan la vida social, son las encargadas de la aplicación de las leyes que dan certeza a los ciudadanos, conducen la vida pública. Su fortaleza es vital para la cohesión de la comunidad, el funcionamiento del sistema democrático, la prosperidad y el sentido de futuro de una nación.
En México, las instituciones son débiles. Y en gran medida la responsable del deterioro de su legitimidad es la partidocracia, que las ha secuestrado para convertirlas en arena para la negociación de posiciones políticas, del intercambio de favores.
Los partidos políticos, en su ambición por controlar espacios de poder cada vez más amplios, están trasladando su desprestigio y desaprobación social a algunas de las instituciones que deberían ser garantes de la legalidad y la gobernabilidad democrática. Es el caso de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Instituto Nacional Electoral (INE).
Nunca, en la historia de este país, el nombramiento de un Ministro de la SCJ había sido objeto de tanta polémica pública como el de Eduardo Medina Mora, debido a los cuestionamientos públicos de su desempeño como director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de la República en los gobiernos de Fox y Calderón.
La pregunta es: ¿no tenía el Presidente Peña Nieto, quien lo promovió para ocupar ese cargo, otros prospectos menos vulnerables a la crítica pública que Medina Mora?. ¿Para qué abrir otro frente de conflicto y con el “círculo rojo” y cr´tica ciudadana?. Más allá de sus virtudes y defectos, la certeza es que Medina Mora llega a la SCJ como producto de transacciones entre el PRI y el PAN, de un lastimoso “dame y te doy” entre la partidocracia. ¿Qué negociaron a cambio?. Los ciudadanos no lo sabemos porque el ámbito de acción de los partidos, cada vez más lejanos del interés público, no está disponible a la mirada pública, es un hoyo de opacidad, por eso casi 9 de cada 10 mexicanos desconfía de estas organizaciones.
El resultado: llega al máximo tribunal del país, encargado de interpretar y hacer valer la Constitución, un “hombre del Presidente” con lo que se vulnera el principio de autonomía de la Suprema Corte y se debilita el equilibrio entre poderes que es sustento de un sistema democrático funcional y efectivo.
Veamos ahora lo que está sucediendo con el Instituto Nacional Electoral, sometido desde 2006 a un proceso de desgaste por las disputas de la partidocracia. Hace rato que este organismo dejó de ser “ciudadano” para convertirse en espacio de reparto de cuotas entre los distintos partidos. Todos los integrantes de su Consejo General han llegado a ese organismo a propuesta de una determinada fuerza política, lo que vulnera su independencia y su capacidad para arbitrar los comicios desde una perspectiva de legalidad e imparcialidad.
El resultado: la certidumbre ciudadana en la autoridad electoral se colapsó del 73% en 2009, al 38% en 2015. Los arbitrados (partidos) terminaron por decidir el destino y trayectoria del árbitro (INE). Hoy, los ciudadanos no sabemos si este organismo, cada vez más caro, más grande, y sobrecargado de responsabilidades a partir de la reforma política de 2014, será capaz de asegurarnos que la partidocracia no abuse de los recursos públicos que recibe, de instrumentar campañas sujetas a criterios de veracidad y legalidad.
La crisis desatada por la abusiva y engañosa publicidad electoral del Partido Verde, es sólo una pequeña prueba de la inmensa cantidad de litigios que tendrá que procesar el INE de cara a los próximos comicios. Hoy, el INE se mueve al son le tocan los partidos, ajenos a cualquier criterio ético, listos a dinamitar a la autoridad electoral y remodelarla de acuerdo a sus intereses y proyectos de poder.
En un contexto de escasa confianza en el árbitro electoral, lo que sigue es el conflicto permanente, la tentación de seguir inflando aún más al INE con presupuestos superiores a lo que se gasta en muchos programas de combate a la pobreza.
En México los partidos sólo responden a sus propios intereses. Tienen secuestrado al país.
Urge reformar el sistema de representación, acotar a los partidos y abrir más espacios a los ciudadanos los cuales estamos obligados a asumir un papel más activo en la promoción y defensa de la democracia y de las instituciones que tantos esfuerzos nos ha costado construir.
