El pasado 2 de diciembre el Gobierno Federal y los tres principales partidos políticos firmaron el Pacto por México, que busca impulsar cambios en torno a cinco grandes temas, uno de los cuales se refiere a la construcción de “una sociedad de derechos y libertades” con el propósito central, como lo expresó el presidente Peña Nieto, de “disminuir sensiblemente los niveles de pobreza que vive nuestro país”.
Hay elementos a destacar en las propuestas de carácter social. El primer punto que llama la atención es la creación del llamado “Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza”.
El sustento del mismo resulta por lo menos inexacto, ya que sostiene que “para terminar con la pobreza extrema se eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales; los recursos llegarán directamente y sin condicionantes a la población que más los necesita y se ejercerán con reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas”.
En un artículo anterior ya había advertido sobre la tentación de la nueva administración de tratar de desconocer, con fines de legitimación o de satisfacer una cierta expectativa de cambio, la intensa reingeniería institucional en la política social que tuvo lugar durante los últimos años. Así lo reconocen diversos organismos internacionales como las Naciones Unidas.
La realidad es que en el 2000 existían programas sociales que carecían de padrones de beneficiarios, de reglas de operación, evaluación de impacto, componentes de contraloría social, apertura de la información y blindaje electoral para evitar su uso clientelar. Hoy, la corrección de estas insuficiencias es un avance destacado logrado en los últimos años por el gobierno y la sociedad.
La siguiente fase de la estrategia para erradicar la pobreza extrema deberá articularse con diseños sólidos de política pública, en las tareas que quedaron pendientes: La construcción de una auténtica Política Social de Estado, que alinee los esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, con padrones y programas compartidos (algo que resulta verdaderamente desafiante en un contexto de creciente autonomía local y de compleja pluralidad política), con objetivos claros de intervención a nivel territorial y por grupos de población, con mayor coordinación interinstitucional, visión de largo plazo y modelos integrales para atacar a fondo las causas profundas de la pobreza y la desigualdad, como es el caso de una mejor distribución del ingreso.
Pienso tan sólo en todo lo que implica el logro del objetivo central que se plantea el Pacto por México, de garantizar el derecho universal a la alimentación como eje para erradicar el hambre.
En este marco, el reto para el nuevo gobierno es no sólo aprovechar eficientemente los instrumentos ya disponibles (Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario, Diconsa, Liconsa, Opciones Productivas, etc.), sino también articular alianzas y acuerdos con los Bancos de Alimentos, el sector comercial y agroindustrial, así como con una diversidad de organizaciones civiles involucradas en esta agenda a nivel local. El gobierno no puede ir solo en esta tarea.
Más allá de críticas de lo hecho en el pasado, se trata de hacer política pública con imaginación y generosidad, aprovechando las mejores prácticas, articulando acuerdos nacionales eficaces y sostenibles sobre la base de la participación democrática de todos los actores.
Creo que ese es el sentido del nombramiento de Rosario Robles al frente de la Sedesol, una mujer con una trayectoria de El pasado 2 de diciembre el Gobierno Federal y los tres principales partidos políticos firmaron el Pacto por México, que busca impulsar cambios en torno a cinco grandes temas, uno de los cuales se refiere a la construcción de “una sociedad de derechos y libertades” con el propósito central, como lo expresó el presidente Peña Nieto, de “disminuir sensiblemente los niveles de pobreza que vive nuestro país”.
Hay elementos a destacar en las propuestas de carácter social. El primer punto que llama la atención es la creación del llamado “Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza”.
El sustento del mismo resulta por lo menos inexacto, ya que sostiene que “para terminar con la pobreza extrema se eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales; los recursos llegarán directamente y sin condicionantes a la población que más los necesita y se ejercerán con reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas”.
En un artículo anterior ya había advertido sobre la tentación de la nueva administración de tratar de desconocer, con fines de legitimación o de satisfacer una cierta expectativa de cambio, la intensa reingeniería institucional en la política social que tuvo lugar durante los últimos años. Así lo reconocen diversos organismos internacionales como las Naciones Unidas.
La realidad es que en el 2000 existían programas sociales que carecían de padrones de beneficiarios, de reglas de operación, evaluación de impacto, componentes de contraloría social, apertura de la información y blindaje electoral para evitar su uso clientelar. Hoy, la corrección de estas insuficiencias es un avance destacado logrado en los últimos años por el gobierno y la sociedad.
La siguiente fase de la estrategia para erradicar la pobreza extrema deberá articularse con diseños sólidos de política pública, en las tareas que quedaron pendientes: La construcción de una auténtica Política Social de Estado, que alinee los esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, con padrones y programas compartidos (algo que resulta verdaderamente desafiante en un contexto de creciente autonomía local y de compleja pluralidad política), con objetivos claros de intervención a nivel territorial y por grupos de población, con mayor coordinación interinstitucional, visión de largo plazo y modelos integrales para atacar a fondo las causas profundas de la pobreza y la desigualdad, como es el caso de una mejor distribución del ingreso.
Pienso tan sólo en todo lo que implica el logro del objetivo central que se plantea el Pacto por México, de garantizar el derecho universal a la alimentación como eje para erradicar el hambre.
En este marco, el reto para el nuevo gobierno es no sólo aprovechar eficientemente los instrumentos ya disponibles (Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario, Diconsa, Liconsa, Opciones Productivas, etc.), sino también articular alianzas y acuerdos con los Bancos de Alimentos, el sector comercial y agroindustrial, así como con una diversidad de organizaciones civiles involucradas en esta agenda a nivel local. El gobierno no puede ir solo en esta tarea.
Más allá de críticas de lo hecho en el pasado, se trata de hacer política pública con imaginación y generosidad, aprovechando las mejores prácticas, articulando acuerdos nacionales eficaces y sostenibles sobre la base de la participación democrática de todos los actores.
Creo que ese es el sentido del nombramiento de Rosario Robles al frente de la Sedesol, una mujer con una trayectoria de izquierda, equipada con los códigos de pensamiento y comunicación necesarios para ofrecerle a la sociedad civil un marco de confianza y colaboración que permita a gobierno y ciudadanos caminar juntos en esta importante tarea. , equipada con los códigos de pensamiento y comunicación necesarios para ofrecerle a la sociedad civil un marco de confianza y colaboración que permita a gobierno y ciudadanos caminar juntos en esta importante tarea.
