Perdida en el arranque del nuevo gobierno ha quedado la conformación de una nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Quisiera referirme a dos de sus principales atribuciones: La modernización de los catastros y registros públicos de la propiedad, y la definición de una visión estratégica en materia de vivienda.
La modernización de los registros públicos y catastros garantiza la seguridad jurídica del patrimonio de los particulares, potencia el valor de las propiedades, abre las puertas a créditos y servicios financieros e incrementa la competitividad del país, ya que uno de los indicadores usados para medirla es el tiempo de respuesta sobre transacciones inmobiliarias y la certidumbre jurídica sobre la posesión legal de los inmuebles.
La actualización del catastro es un elemento clave para poder elevar la captación del impuesto predial, y fortalecer así la autonomía financiera de los municipios y su capacidad de inversión. Y en este rubro el país tiene un notable rezago: El cobro del impuesto predial en México representa apenas 0.21% PIB, en tanto que en Estados Unidos y Canadá, este ingreso se eleva a 2.6 y 2.8% del PIB, respectivamente: 12 o 13 veces más.
Los municipios mexicanos en lugar de estar volteando la mirada hacia la contratación de créditos, con el consecuente endeudamiento y la hipoteca a largo plazo de las finanzas municipales con graves consecuencias financieras y políticas para los ayuntamientos, deberían proponerse ampliar sus bases de recaudación, y el impuesto predial constituye, sin duda, una magnífica fuente de captación de recursos propios.
El otro tema al que quisiera referirme es el de la política de vivienda y desarrollo urbano.
El nuevo titular del Infonavit, Alejandro Murat, ha sido el encargado de encabezar la andanada crítica hacia la pasada administración, afirmando que en el rubro de la vivienda no hubo una cabeza de sector, una legislación ordenadora y coordinadora de las acciones de los distintos actores privados e institucionales.
En el ojo del huracán se ubica al propio Infonavit, cuyo papel resultó determinante al otorgar 3 millones de créditos el sexenio pasado, pero que dejó a criterio de las grandes empresas constructoras, que constituyen un importante grupo de presión por su poder económico, la localización y perfil de los nuevos desarrollos.
Ello derivó en la construcción de enjambres masivos de vivienda social alejados y desintegrados de los núcleos de las ciudades. Esta situación obliga a sus habitantes a realizar largos y costosos viajes para acceder a sus centros de trabajo, opciones de abasto, un servicio médico, la escuela de sus hijos o una alternativa de entretenimiento y convivencia. Para muchos no quedó otra opción que abandonar estos desarrollos con una grave merma para su patrimonio.
Desde la Sedesol se hicieron esfuerzos por cambiar este obsoleto modelo con la implementación de una reforma al artículo 73 de la Ley de Vivienda, que obligaba a los empresarios del sector a mejorar la calidad de los nuevos complejos habitacionales dotándolos de parques públicos, escuelas y servicios institucionales, además de una combinación de usos del suelo, ecotecnologías para el ahorro de energía y transporte no motorizado
Más allá de la intención de la nueva administración de criticar a sus antecesores para ganar legitimidad, considero que se debe reconocer, valorar y dar continuidad a las acciones exitosas de la pasada administración, con el ánimo de instrumentar una política de vivienda y desarrollo urbano armónica, eficaz, que contribuya a “hacer ciudad”. Este es un reto más para la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
