Participar en la globalización implica estar abiertos no sólo a una intensa corriente de comercio e inversiones, sino también a la discusión, reflexión y mirada crítica que llevan a cabo múltiples organismos internacionales sobre diversos temas de la agenda política, económica y social local.
Tal es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual pertenece México, que genera constantemente investigaciones sobre el estado que guardan sus países miembros y extiende múltiples recomendaciones en materia de políticas públicas.
Recientemente el Secretario General del organismo, el mexicano José Ángel Gurría, hizo entrega al presidente electo, Enrique Peña Nieto, del informe “México: Mejores políticas para un desarrollo incluyente”, a fin de colaborar en el diseño de las urgentes reformas que requiere el país.
El documento reconoce que el Programa Oportunidades, que hoy apoya a 6.5 millones de familias, ha sido muy eficaz para reducir la pobreza extrema, aumentar la asistencia escolar, combatir la desnutrición y ampliar la cobertura de los servicios de salud entre la población objetivo.
La OCDE destaca la cobertura del Seguro Popular que ofrece acceso gratuito a médicos, medicinas y tratamientos, incluso para enfermedades tan caras como el cáncer, a 53 millones de mexicanos situados en el segmento de menores ingresos de la población con lo cual se ha alcanzado la cobertura universal de los servicios de salud, algo que países altamente desarrollados, como Estados Unidos, no han logrado.
México, por otra parte, resalta el Informe, es uno de los pocos países de la OCDE donde la desigualdad ha disminuido en años recientes, un hecho relevante considerando la severidad del impacto de las crisis internacionales alimentaria y económica que afectaron al país entre 2008 y 2010.
A pesar de los avances, la OCDE también pone sobre la mesa de discusión importantes retos para México.
Por un lado, destaca la vulnerabilidad social que afecta al 30% de los mexicanos de 75 años y más, un desafío que el gobierno del presidente Calderón está enfrentando con el Programa 70 y Más que ha creado una red de protección social que brinda apoyos monetarios y esquemas de integración social a 3.5 millones de personas en edad avanzada. Sin embargo, queda mucho por hacer en vista la rápida expansión este sector.
Por otro lado, la OCDE menciona como desafío la disminución de la mortalidad infantil. La falta de inversiones focalizadas en los niños en las primeras etapas de su vida se pagan caro en el futuro, porque tienen impactos de largo plazo en materia de capital humano, productividad y cohesión social.
El documento recomienda además incrementar el gasto social para acercarlo paulatinamente a los niveles de otros países de la OCDE. A pesar de que el gasto social creció de menos del 2% del PIB en 1985 a 7.5% en 2009 (sin contar el gasto en educación), esta cifra equivale a alrededor de un tercio del promedio de los países de la OCDE.
Una tarea que está íntimamente vinculada a la posibilidad de fortalecer la capacidad de inversión del Estado a través de las reformas estructurales. La agenda económica y la social están estrechamente correlacionadas.
Son todas recomendaciones pertinentes que tenemos que analizar a la luz de lo que hemos construido estos pasados 12 años, y de lo que falta por hacer.
Estamos ante un delicado equilibrio entre continuidad y cambio que exige visión e inteligencia. Veremos cómo responde el nuevo gobierno.
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