La medición de la pobreza se ha convertido, desde el primer ejercicio realizado en 2002, en una herramienta fundamental para la evaluación y la toma de decisiones en materia de política social.
Hay que dar mérito a los gobiernos panistas que asumieron la decisión de medirla con herramientas científicas y abrieron los resultados al escrutinio público. Ello se dio en una institucionalización sin precedentes de los programas sociales federales al dotarlos de reglas de operación, padrones de beneficiarios y mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Nadie puede regatear estos logros.
El ejercicio realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), correspondiente a 2012, arroja datos contrastantes.
El porcentaje de la población en situación de pobreza bajó de 46.1% a 45.5%; el de población en pobreza extrema de 11.3% a 9.8%. En términos relativos bajó la pobreza; sin embargo, en términos absolutos casi 500,000 mexicanos se sumaron a la pobreza, pero disminuyeron en 1.5 millones los pobres extremos. Los resultados son insuficientes.
Bajó el porcentaje de la población con carencias en materia de educación; en salud el resultado fue espectacular ya que el rezago disminuyó de 29.2 a 21.5%, lo que se debe al impacto del Seguro Popular. Hay resultados positivos en materia de abatimiento de los rezagos en calidad, espacios y servicios básicos a la vivienda y también en alimentación.
Un foco rojo lo constituye el incremento del porcentaje de los mexicanos que enfrentan carencia de acceso a la seguridad social. Se trata de uno de los indicadores de bienestar más complejos porque involucra una serie de beneficios derivados del trabajo formal, como es el acceso a servicios médicos, fondos de ahorro para el retiro, pensiones e incapacidades. Es aquí donde se tiene que valorar la puesta en marcha de la Seguridad Social Universal. El debate es cómo financiarla.
Entre 2010 y 2012, aumentó el porcentaje de la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar. Esto habla de un país incapaz de generar oportunidades de trabajo e ingreso para sus ciudadanos.
¿Cuáles han sido las coordenadas de reflexión del actual gobierno?
Tanto el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, se han apoyado en los resultados globales del periodo 1992-2012 para afirmar que en un arco histórico de 20 años la pobreza se sigue manteniendo en un promedio de 45% del total de la población.
Y aquí empieza el espacio de las valoraciones políticas. De acuerdo con ambos funcionarios, esto es prueba de la “insuficiencia” de los programas sociales “asistencialistas”, instrumentados por las pasadas administraciones, y se desprende la propuesta de avanzar hacia la construcción de “salidas productivas” en el Programa Oportunidades.
No queda claro cuáles son estas salidas: los montos, los esquemas, los puentes y las sinergias entre políticas públicas, las vinculaciones entre lo económico y lo social, las innovaciones en términos de diseño institucional.
¿Cómo se van trasladar estos cambios estructurales hacia la generación de empleos formales con seguridad social, hacia un cambio estructural del mercado laboral y un mayor acceso hacia la ciudadanía económica para los excluidos?
¿Cómo se van a constituir los fondos de microfinanciamiento que permitan apoyar los proyectos emprendedores de mexicanos en situación de pobreza, que requieren de fondos de garantía, de mecanismos de acompañamiento empresarial y cultura financiera que les den viabilidad y rentabilidad para que los créditos no se conviertan en subsidios a fondo perdido?
¿Cuál es la ruta para el rediseño del Programa Oportunidades para dotar a la formación de capital humano de salidas hacia el mercado laboral en beneficio de sectores vulnerables como los jóvenes?
La crítica es parte del debate democrático, pero requiere también de la construcción de propuestas responsables y pertinentes. Seguimos esperando.
