La ilegalidad empieza a permear peligrosamente en la sociedad mexicana. El espectáculo es preocupante: ex gobernadores que malversaron fondos públicos, líderes sindicales sin escrúpulos que viven a cuerpo de rey, policías coludidas con el crimen organizado, manifestantes de todo tipo que bajo el pretexto de alguna “causa social” o reivindicación política desquician la vida colectiva.
La lista es grande. Es el reino de la ilegalidad.
Quisiera concentrarme en las expresiones de la llamada “protesta social”, la cual está rebasando los cauces mínimos de civilidad y acatamiento del estado de derecho. Estamos, sin duda, ante un serio desafío al principio sustantivo de la democracia que no es otro que el respeto al Estado de derecho.
El 1 de diciembre del año pasado, durante la toma de posesión de Peña Nieto, extremistas protagonizaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México actos de violencia. Algunos fueron detenidos “in fraganti”. El PRD, quien domina el Congreso de la capital del país, promovió de inmediato una modificación al Código Penal local y todos salieron de la cárcel. El reino de la impunidad.
En Guerrero, los maestros disidentes han cerrado la llamada Autopista del Sol, con graves afectaciones para el sector hotelero y violando el derecho constitucional de libre tránsito de miles de personas. El gobierno se atrevió en una sola ocasión, sí, sólo una, a retirar a los manifestantes pacíficamente con el uso de la fuerza pública; al día siguiente en el periódico La Jornada la noticia central fue “reprimen a maestros”. No se ha vuelto a actuar en contra de ellos.
Desde hace cuatro semanas existe el bloqueo de las vías terrestres federales en la comunidad de Vicam. Miles de personas han sido afectadas y se calculan pérdidas diarias de más de 60 millones de pesos. Las autoridades de la etnia Yaqui y los integrantes del Movimiento No al Novillo, impulsan este bloqueo para ¨presionar¨ para que se cumpla la ley y se detenga la operación del Acueducto Independencia que provee de agua a Hermosillo. Cumplir con la ley, actuando fuera de la ley.
Además del absurdo temor a utilizar la fuerza pública para restablecer el orden ante posibles impactos negativos políticos o mediáticos, hay un elemento importante. Se trata de la teoría de la “elección racional”. Los violentos saben que pueden violar la ley porque las posibilidades de ser castigados son mínimas. Incentivos perversos para la impunidad.
Sin embargo, y esta es una alerta importante, además de la pedagogía de la incivilidad, que hoy proviene del espacio público, la cultura del mexicano alienta la violación de la ley.
La Encuesta de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 brinda claves: 80% de los mexicanos no confía en las leyes; 91% considera que sus gobernantes respetan poco o nada el orden jurídico; 55% opina que no debería acatar una ley si la considera “injusta”, o lo que ello signifique. Se suma hoy un imaginario social que favorece la práctica de la ilegalidad, la violencia, la contestación sin límites y sin razón.
Todos queremos que las autoridades cumplan su papel en la protección a la integridad de las instituciones y la convivencia pacífica, es un clamor colectivo, pero nos toca a nosotros una tarea desde el lado de la escuela, la familia, la comunidad, la sociedad civil. Es urgente inculcar en los niños y los jóvenes, entre la población en general, una cultura auténticamente democrática, valores de ciudadanía responsable, la convicción de que sólo por las vías del diálogo y la construcción de consensos es posible solucionar las diferencias.
Sí, pleno respeto a los derechos humanos, cívicos y políticos, pero también un sentido de autoridad que sea capaz de preservar la cohesión social y la gobernabilidad.
Los invito a dialogar en Twitter @marcopazpellat y en el correo alfil3000@gmail.com.
