La escasez de agua es ya un problema crítico a nivel mundial. Según las Naciones Unidas, cerca de 2,800 millones de seres humanos sufren por la falta de líquido y 500 más se aproximan a esta situación. El organismo afirma que existe suficiente agua potable en el planeta para abastecer a los 7,000 millones de habitantes del globo, pero está distribuida de forma irregular, se desperdicia, está contaminada o se gestiona de forma insostenible.
En México, en los últimos 60 años, pasamos de una disponibilidad anual de 18,000 metros cúbicos de agua por habitante a menos de 4,000. La falta del vital líquido genera pobreza, deteriora la calidad de vida, limita el desarrollo económico y desata conflictos sociales.
Según la Conagua, Sonora sufre un problema crónico de escasez de líquido debido a su condición desértica, a lo que se suma una persistente sequía que ha durado ya una década. Hoy, la crisis nos ha estallado en las manos en el punto más delgado y sensible, que es el abasto a la ciudad de Hermosillo, centro de nuestra vida económica y económica y principal concentración urbana de la entidad.
Sonora está viviendo una situación de conflicto político y social sin precedentes. La Tribu Yaqui y el denominado Movimiento Ciudadano por el Agua cerraron la carretera federal Guaymas-Cajeme para protestar por la construcción y trasvase de agua de la Presa El Novillo, que busca abastecer a Hermosillo a través de la construcción del Acueducto Independencia.
La obra ya está en funcionamiento; los afectados han acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que sea considerada ilegal.
No podemos negar la legitimidad de esta demanda, pero está claro que el agua no es propiedad privada, sino un bien público que se tiene que administrar con responsabilidad y sensibilidad. El acceso al agua para consumo humano debe de estar sin duda alguna por arriba de los intereses económicos particulares.
Lo cierto es que detrás de la protesta social existen intereses políticos contrarios al gobernador Guillermo Padrés. La crisis del agua en Sonora está sirviendo a ciertos actores como pretexto para golpear al gobierno del estado, inmerso en el dilema de utilizar la fuerza pública para liberar una vía de comunicación y hacer prevalecer el interés público, o tolerar la protesta social con base en el derecho constitucional de manifestación.
Es inmoral, reprobable a todas luces, que un tema tan delicado y con implicaciones tan sensibles para el bienestar de los hermosillenses y el potencial de desarrollo de nuestra capital, principal centro de competitividad y generación de empleos y prosperidad a nivel estatal, se politice y sea utilizado como parte de una estrategia política. Con ello, a los habitantes de la capital se les infringe un costo elevadísimo para su presente y futuro.
Estamos ante un tema que no admite soluciones parciales ni de corto plazo, y que requiere de visiones estratégicas. Reitero, el agua es un derecho humano y un bien social, y su gobernabilidad debe ser un asunto de Estado y seguridad nacional.
Pero más allá de lo complejo de la coyuntura, el gobierno de Sonora, apoyado por el Ejecutivo federal a través de la Conagua, porque estamos ante un asunto que requiere de una enorme inversión de recursos fiscales, debe de empezar a diseñar respuestas estructurales, de corto, mediano y largo plazos. Es urgente recuperar la visión integral para solucionar el problema. El Acueducto es un primer paso necesario, pero requiere de obras adicionales para darle sostenibilidad al abasto de agua en el mediano y largo plazos.
Las crisis son una ventana de oportunidad para avanzar hacia el cambio. Los sonorenses estamos obligados a demostrar que sabemos capitalizarlas.
