Soy un defensor de la necesidad de democratizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y muy especialmente al Internet, como un factor de progreso en todos los ámbitos. Y mis razones son muy claras.
El Banco Mundial ha señalado que un aumento de 10 puntos porcentuales en las conexiones a Internet de alta velocidad se corresponde con un aumento de 1.3 puntos porcentuales del crecimiento del PIB. Además genera empleo, aumenta la productividad y la prosperidad de las naciones, y promueve la inclusión social y la participación ciudadana para tener una democracia más efectiva.
Recientemente, un colectivo de organizaciones respaldado por 120 mil firmas entregó una iniciativa ciudadana ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores denominada “Internet para todos”, que busca que todos los mexicanos tengan acceso libre a esta herramienta tecnológica.
La iniciativa contempla, entre otros aspectos, la reforma al Artículo 6º constitucional -misma petición recogida por la propuesta de reforma a las telecomunicaciones del Pacto por México- para que el Estado garantice el libre acceso a un servicio público de conexión a Internet, a través de la extensión de la red de fibra óptica de la CFE a edificios públicos, para proveer desde ahí una nube de conexión Súper WiFi que cubra la mayor parte del territorio nacional con un ancho de banda de 5 Mbps. Este servicio, incluyendo telefonía fija, tiene un costo de casi $700 pesos mensuales a través de la empresa “dominante” en el mercado de las telecomunicaciones en México que es Telmex, una tarifa inalcanzable para millones de hogares de bajos ingresos.
El Gobierno Federal y la partidocracia, que hoy domina el Congreso y el IFE –en cuyas manos se encuentra hoy el destino de la iniciativa, a la espera de la “autenticación” de las firmas ciudadanas, proceso que puede tardar meses o finalmente terminar durmiendo “el sueño de los justos”- están obligados a escuchar las voces de un sector de la sociedad mexicana que exige políticas incluyentes en el acceso a las nuevas tecnologías. El acceso a Internet, es no sólo un derecho humano de nueva generación de acuerdo con las Naciones Unidas sino que significa, también, la posibilidad de muchísimas personas de escasos recursos, estudiantes y comunidades aisladas de beneficiarse de las potencialidades que brinda esta herramienta para su desarrollo pleno.
“Internet para Todos” inaugura el camino de las iniciativas ciudadanas, reconocidas por la reforma política de 2012 que establece que, además del Presidente y los congresos, la sociedad civil tiene también el derecho de iniciar leyes o decretos. Su procesamiento por parte del Poder Legislativo y el Gobierno, hablará de la calidad de la democracia que queremos construir, desde arriba, desde el poder vertical y autoritario, o desde abajo, a partir de la lógica y las prioridades de los ciudadanos.
La dimensión de nuestros rezagos son evidentes: México ocupa el penúltimo lugar en suscripciones de banda ancha dentro de los países de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y el último lugar en banda ancha móvil. De acuerdo con la misma fuente, la pérdida de bienestar entre 2005 y 2009 atribuida a la disfuncionalidad del sector de las telecomunicaciones en México, se estima en más de 129 mil millones de dólares. Son recursos expropiados a los ciudadanos a través de prácticas monopólicas.
La reciente iniciativa en materia de telecomunicaciones enviada por Peña Nieto al Congreso, reconoce el derecho de acceso a la banda ancha, así como la necesidad de reducir los precios de los servicios y mejorar la calidad.
Con la reforma al sistema educativo, el actual gobierno y el Congreso han demostrado que hay voluntad política para quebrar los poderes fácticos que impiden al país contar con una instrucción pública de calidad. Los mexicanos esperamos la misma determinación para liberar al sector de las telecomunicaciones de los poderosos intereses que lo atrapan, para garantizarle a millones de personas el acceso al Internet que es puente hacia la ciudadanía plena, la democracia y la prosperidad.
